La Procuraduría General de la Nación volvió a formular cargos disciplinarios contra el excanciller Álvaro Leyva Durán, esta vez por haber continuado ejerciendo funciones públicas pese a una suspensión vigente en su contra.
De acuerdo con la Sala Disciplinaria de Instrucción, Leyva habría seguido desempeñando actividades oficiales en el Ministerio de Relaciones Exteriores entre el 24 de enero y el 6 de febrero de 2025, a pesar de haber sido suspendido del cargo por tres meses a partir del 24 de enero. Según el Ministerio Público, durante ese periodo el exfuncionario suscribió 19 notas diplomáticas, dos certificaciones, una solicitud de vigencias futuras y 76 resoluciones.
“De igual forma, el doctor Leyva Durán actuó de manera consciente, libre y voluntaria, con conocimiento de que estaba incumpliendo la orden de suspensión provisional”, señala el auto mediante el cual se abre esta nueva investigación disciplinaria.
Esta nueva actuación se suma a la sanción emitida en noviembre de 2024, cuando la Procuraduría, en un fallo de primera instancia, inhabilitó a Leyva por diez años para ejercer cargos públicos. En ese entonces, la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento determinó que el excanciller incurrió en una falta gravísima al declarar desierta la licitación pública para la expedición de pasaportes, a pesar de que el único proponente cumplía con los requisitos establecidos.
El ente de control concluyó que dicha decisión carecía de fundamento legal y vulneraba los principios de contratación estatal, tales como la transparencia, economía y responsabilidad, al desestimar sin justificación válida un proceso contractual legítimo.
Con la formulación de estos nuevos cargos, Leyva deberá enfrentar una etapa de juicio disciplinario ante la Procuraduría, ahora bajo la administración de Gregorio Eljach, a quien corresponderá estudiar una eventual apelación del fallo anterior.
Este nuevo capítulo complica aún más la situación jurídica del exministro, quien ha sido señalado por actuar en contravía de las disposiciones legales que rigen la función pública en Colombia.
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