Procuraduría pide revocar condena a Álvaro Uribe por presuntas fallas en la evidencia

La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Superior de Bogotá revocar la condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Según el recurso de apelación presentado por el procurador Bladimir Cuadro, la sentencia de primera instancia presenta …
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La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Superior de Bogotá revocar la condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Según el recurso de apelación presentado por el procurador Bladimir Cuadro, la sentencia de primera instancia presenta fallas en la evaluación de las pruebas y carece de evidencia contundente para desvirtuar la presunción de inocencia.

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Condena contra Álvaro Uribe

El caso se originó en 2012, cuando Uribe demandó al congresista Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos en una investigación sobre sus presuntos vínculos con paramilitares. Sin embargo, la Corte Suprema decidió investigar a Uribe por manipulación de testigos, un proceso que culminó con la condena dictada por la jueza Sandra Heredia.

La Procuraduría argumenta que no hay pruebas claras de que Uribe haya ordenado al abogado Diego Cadena buscar presos paramilitares para que se retractaran, como sostuvo la Fiscalía y acogió la jueza. Además, señala que las llamadas telefónicas entre Uribe y Cadena, usadas como evidencia, deberían ser descartadas por estar protegidas por el secreto profesional entre abogado y cliente.

El procurador Cuadro también sostiene que la sentencia no examinó adecuadamente el nivel de conocimiento y responsabilidad de Uribe en los hechos, lo que llevó a una aplicación indebida de la figura penal de determinación. Por ello, pide que se revise a fondo el proceso y se revoque la condena.

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La defensa de Uribe tiene plazo hasta el 13 de agosto para presentar la apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, que deberá decidir sobre el futuro legal del expresidente, quien se convirtió en el primer exmandatario colombiano condenado penalmente.

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