La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional, por un término de tres meses, del alcalde de Montelíbano (Córdoba), Gabriel Alberto Calle Demoya, tras hallar méritos para investigar su presunta participación indebida en actividades político-electorales. Según lo confirmó un equipo periodístico, la medida se tomó con base en el artículo 277, numeral …
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Procuraduría suspende por tres meses al Alcalde de Montelíbano por participar en política

La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional, por un término de tres meses, del alcalde de Montelíbano (Córdoba), Gabriel Alberto Calle Demoya, tras hallar méritos para investigar su presunta participación indebida en actividades político-electorales.
Según lo confirmó un equipo periodístico, la medida se tomó con base en el artículo 277, numeral 6° de la Constitución Política, que prohíbe expresamente a los servidores públicos, especialmente a los mandatarios locales, intervenir en política o utilizar su cargo para fines proselitistas.
El proceso disciplinario se originó luego de que Calle Demoya participara en un evento público donde habría promovido abiertamente su movimiento político, incentivando a la comunidad a respaldar su propuesta electoral, lo cual fue documentado a través de grabaciones y publicaciones en redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube.
La Procuraduría calificó la conducta como una falta grave, al considerar que afecta la transparencia del ejercicio público y la neutralidad institucional, especialmente en el contexto de los próximos procesos electorales, tanto legislativos como presidenciales.
Cabe señalar que Gabriel Calle es padre del actual presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, hecho que ha suscitado un mayor interés político en torno al caso.
El viceprocurador general de la Nación asumió directamente el conocimiento del expediente en virtud del poder preferente, argumentando la necesidad de garantizar la imparcialidad y el adecuado desarrollo de la investigación disciplinaria. Además, se solicitó al Gobernador de Córdoba la designación de un alcalde encargado mientras se mantenga vigente la suspensión.
De acuerdo con la Procuraduría, contra esta decisión no procede recurso alguno, según lo establece la normativa vigente. La medida busca prevenir que el investigado interfiera en el proceso o reincida en las conductas señaladas mientras se determina su eventual responsabilidad.
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