En la noche del primero de mayo, la comunidad del barrio Sucre, en Montería, despertó con una herida profunda: el templo de la parroquia María Madre de la Iglesia fue violentado y saqueado. Lo que parecía un simple robo trascendió al terreno de lo sagrado. Los delincuentes no solo sustrajeron elementos materiales, sino que cometieron una profanación al llevarse hostias consagradas, el copón, la custodia y otros vasos litúrgicos. Para muchos creyentes, no fue solo un hurto, fue un golpe al corazón de su fe.
El hecho ha generado una reacción inmediata del obispo de Montería, monseñor Alberto Rolón Güepsa, quien determinó el cierre del templo mientras se lleva a cabo un acto de desagravio. Esta decisión, aunque dolorosa, busca preservar el respeto por la Eucaristía, considerada por los católicos como el cuerpo real de Cristo. La medida, además, plantea un fuerte mensaje simbólico: no se trata de reponer objetos, sino de reparar una ofensa espiritual.
Sin embargo, más allá del ámbito religioso, este hecho deja al descubierto una problemática más amplia: la inseguridad que afecta a comunidades enteras, incluso en espacios que deberían ser refugios de paz. ¿Qué nos dice esto sobre el estado de la convivencia y la moral en algunos sectores urbanos? ¿Cómo llegamos al punto en que ni los templos se salvan del deterioro ético y del abandono institucional?
La Policía adelanta investigaciones, pero la comunidad exige más que un informe técnico. Reclama acciones concretas, prevención real y presencia efectiva del Estado en los barrios. La fe ha sido herida, pero también lo ha sido la confianza en la protección de lo común.
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