Por Carlos Ordosgoitia Sanin
Siempre he entendido la seguridad ciudadana como un proceso esencial para proteger el orden democrático y garantizar una convivencia pacífica. Más que reducir el delito, debe ser una estrategia integral que mejore la calidad de vida, con acciones conjuntas entre Estado y comunidad, justicia eficaz y una educación basada en valores. Atender causas como la impunidad, el narcotráfico, los grupos armados ilegales, el tráfico de personas y las migraciones irregulares debe ser tarea de un Gobierno serio y empático, alejado de extremismos que solo alimenten la polarización y debiliten la esperanza colectiva.
La seguridad y la empatía deben ser los pilares fundamentales de cualquier gobierno que aspire a construir una nación próspera y equitativa. Más allá de las ideologías que los llevaron al poder, los gobernantes tienen la responsabilidad de atender las necesidades reales de sus ciudadanos, especialmente en tiempos donde el miedo y la violencia amenazan la tranquilidad de nuestras regiones.
En Colombia, la extorsión se ha convertido en un delito silencioso que golpea a miles de familias, comerciantes, campesinos y transportadores. Según el Consejo Gremial Nacional, durante 2024 se registraron 11.931 casos de extorsión, eso sin contar el alarmante sub registro no incluido en las estadísticas por el temor de la denuncia por parte de quienes se ven afectados con esta vil artimaña. La anterior cifra significa un aumento del 21% en comparación con el año anterior. Este incremento no solo atenta contra la seguridad, sino que también frena el desarrollo económico y siembra el miedo en nuestras comunidades.
La situación de los homicidios también es alarmante. A nivel nacional, se registraron 12.145 homicidios en 2024, una disminución del 1% respecto al año anterior. Sin embargo, en la región Caribe, departamentos como Atlántico y Magdalena han experimentado aumentos significativos. Atlántico cerró el año con 947 homicidios, un incremento del 23% en comparación con 2023, mientras que Santa Marta reportó 206 homicidios, manteniéndose entre las ciudades más violentas del mundo.
Es imperativo que las autoridades implementen soluciones reales y efectivas. No podemos conformarnos con discursos vacíos; Colombia necesita acciones firmes, articuladas y valientes para recuperar la confianza y devolver la paz a la ciudadanía. Esto requiere una coordinación estrecha entre el Gobierno Nacional, Ejército, Policía, Fiscalía y otras dependencias, para que, mediante labores de inteligencia, se desmantelen las estructuras delincuenciales responsables de estos actos.
El Gobierno Nacional, los alcaldes y gobernadores deben unir esfuerzos de manera pertinente, protegiendo a los ciudadanos y evitando su exposición al peligro. Es fundamental que se fortalezcan las capacidades de la fuerza pública y se garantice la seguridad de los uniformados y sus familias, trasladándolos a diferentes regiones del país cuando sea necesario para preservar su integridad.
La seguridad y la defensa de los más vulnerables frente a la extorsión, el secuestro y la imposibilidad de generar un impulso a la economía a través de sus emprendimientos son compromisos ineludibles. Un país es fuerte si sus ciudadanos son fuertes, y esto se logrará en la medida en que cuenten con un gobierno que los respalde y proteja.
Desde Propósito Colombia, continuamos alzando la voz frente a los desafíos que amenazan la tranquilidad de nuestro país. Creemos firmemente que un país sin miedo es posible si trabajamos en conjunto y sin diferencias de ningún tipo.
Es momento de actuar con determinación y empatía, construyendo un gobierno cercano a la gente, que entienda sus necesidades y trabaje de la mano con la comunidad para erradicar la extorsión y devolver la seguridad a nuestros territorios. Solo así podremos avanzar hacia una Colombia más justa y en paz.
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