El Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante con funciones de control de garantías de Montería decidió no imponer medida de aseguramiento en contra de tres personas capturadas recientemente en un operativo contra la minería ilegal en zona rural de Puerto Libertador, Córdoba. Los capturados, identificados como Raísa Olmos Ricardo, Óscar Eduardo Berrío Castro y Farli Eliezer …
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Quedan en libertad tres capturados por minería ilegal en Puerto Libertador

El Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante con funciones de control de garantías de Montería decidió no imponer medida de aseguramiento en contra de tres personas capturadas recientemente en un operativo contra la minería ilegal en zona rural de Puerto Libertador, Córdoba.
Los capturados, identificados como Raísa Olmos Ricardo, Óscar Eduardo Berrío Castro y Farli Eliezer Velásquez Patiño, habían sido detenidos durante un operativo de las autoridades en la polémica mina El Alacrán, un sitio que ha sido objeto de controversias por su actividad minera ilegal en los últimos años.
La Fiscalía les imputó a los procesados cargos por los delitos de:
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Explotación ilícita de yacimiento minero y otros,
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Contaminación ambiental,
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Daño ambiental, y
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Receptación.
Sin embargo, durante la audiencia virtual de formulación de imputación y medidas de aseguramiento, realizada entre el 26 y 27 de mayo, la defensa de Farli Velásquez Patiño, encabezada por el abogado Laureano Benavides Lugo, logró desvirtuar los argumentos del ente acusador. Según el acta de audiencia, el juez consideró que no se cumplieron los requisitos jurídicos necesarios para imponer una medida restrictiva de la libertad.
Al final de la audiencia, el despacho resolvió:
“Abstenerse de imponer medida de aseguramiento en contra de los señores Raísa Olmos Ricardo, Óscar Eduardo Berrío Castro y Farli Eliezer Velásquez Patiño. Se ordena darle inmediata libertad a los imputados, advirtiendo que siguen vinculados a la investigación. Sin recursos.”
Este fallo se da en un contexto complejo para la región, donde la actividad minera ilegal ha generado constantes tensiones ambientales, sociales y de seguridad. Aunque los implicados recuperan su libertad, el proceso judicial continúa en curso mientras avanza la investigación de la Fiscalía.
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