La jueza Penal del Circuito de Cereté, Patricia Lucía Sejín Ruiz, ratificó la medida de aseguramiento intramural contra Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, señalados por su presunta responsabilidad en el asesinato del ganadero Esteban Urueta González y dos de sus trabajadores, ocurrido en septiembre de 2024 en zona rural del municipio …
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Ratifican medida de aseguramiento para Petro y Soto acusados del triple homicidio de ganadero y empleados

La jueza Penal del Circuito de Cereté, Patricia Lucía Sejín Ruiz, ratificó la medida de aseguramiento intramural contra Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, señalados por su presunta responsabilidad en el asesinato del ganadero Esteban Urueta González y dos de sus trabajadores, ocurrido en septiembre de 2024 en zona rural del municipio de Chimá.
Los procesados enfrentan cargos por homicidio agravado, hurto agravado, porte ilegal de armas de fuego y destrucción de elementos materiales probatorios. Ambos se presentaron desde Cartagena a la audiencia de apelación, donde su defensa, encabezada por el abogado Lesmer Quintero Argel, solicitó la revocatoria de la medida preventiva. Sin embargo, la jueza Sejín mantuvo la decisión y dejó claro que contra esta resolución no procede ningún recurso.

Petro Almanza y Soto Garcés fueron recapturados el pasado 11 de junio, luego de haber quedado en libertad por vencimiento de términos, situación que generó cuestionamientos a la administración de justicia. Actualmente, están a la espera de ser asignados a un centro penitenciario, con posibilidad de ser recluidos por separado.
Audiencia para Cristian Petro y Soto
La audiencia preparatoria de juicio fue reprogramada para el 29 de agosto de 2025, debido a que la defensa recusó la competencia del juez del Juzgado Penal del Circuito de Sahagún, argumentando que tuvo responsabilidad en los retrasos procesales que derivaron en la excarcelación temporal de los acusados. El Tribunal Superior de Montería analiza actualmente este recurso de recusación.
Este proceso judicial, que ya supera un año de duración, gira en torno a un crimen que conmocionó a la comunidad cordobesa, luego de que los cuerpos de las tres víctimas fueran encontrados en una fosa en el corregimiento de Carolina, en Chimá. En caso de ser hallados culpables, los implicados podrían enfrentar penas superiores a los 40 años de prisión.
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