Por Carlos Ordosgoitia Sanin
La reforma laboral, tema de trascendental importancia para la clase trabajadora del país presupone un trabajo legislativo serio, responsable y alejado de matices ideológicos extremos. A su vez encontrar un equilibrio que garantice tanto la protección de los trabajadores como la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas. En un país donde la informalidad y el desempleo presentan cifras alarmantes, esta reforma no puede ni debe tener efectos negativos a corto plazo sobre el empleo, la competitividad y la seguridad social, que dificultarían la reactivación y el crecimiento económico del país.
Colombia cuenta con una población en edad de trabajar que supera los 40 millones de personas, de las cuales un 40% se encuentra en situaciones de empleo informal. Esta realidad debe ser la base de la discusión, no solo porque impacta a miles de familias, sino porque revela la falencia estructural de nuestro mercado laboral. Frente a cifras como los 452.000 trabajadores que, según el Banco de la República, estarían en riesgo de perder sus empleos, es evidente que la reformulación de políticas laborales debe ser un proceso consensuado que involucre a todas las partes: gobierno, empleadores y gremios.
La propuesta de aumentar costos laborales entre un 17% y un 34% para las Pymes es alarmante. Si bien la protección de los derechos laborales es un principio clave, no se debe poner en riesgo la viabilidad de pequeños y medianos emprendimientos que son la columna vertebral de nuestra economía. La aprobación de un recargo del 100% por trabajo dominical y festivo, aunque busca mejorar las condiciones de los trabajadores, debe ser administrada con cautela para no provocar un efecto adverso que genere más desempleo.
Es innegable que el camino de la reforma laboral está plagada de grandes retos y laberínticos obstáculos. Los recientes datos muestran una tasa de desempleo que ha aumentado a 9,9%, y las condiciones del mercado laboral se han deteriorado. Esto exige una reflexión profunda sobre cada una de las medidas propuestas. Es fundamental que los legisladores tomen decisiones que no solo respondan a la urgencia del momento, sino que también permitan establecer un marco regulatorio estable que fomente la creación de empleo.
La economía informal, que se convierte en refugio para quienes han sido excluidos del mercado laboral formal, no puede ser ignorada. Las medidas de la reforma deben enfocarse en la inclusión, promoviendo el acceso a oportunidades formales que dignifiquen el trabajo y mejoren la calidad de vida de millones de colombianos. Al mismo tiempo, es esencial ofrecer incentivos a las empresas que fomenten la formalización de sus trabajadores.
Recientemente, se aprobaron 33 artículos en el Congreso, algunos de los cuales buscan flexibilizar los horarios y regular nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo. Este avance es positivo, pero no puede ser una isla en un sistema que necesita una visión nueva y más integral. A partir de esos artículos consensuados, se debe aspirar a un conjunto de normativas que reflejen las necesidades cambiantes del mercado laboral.
Es claro que se necesita un espacio de diálogo efectivo, donde todos los actores se sientan escuchados. La agenda reformista debe ser el resultado de un esfuerzo colaborativo que busque soluciones verdaderas, que beneficien a tanto a trabajadores como a empresarios. Solo a través de consensos se puede construir un ambiente de confianza que impulse la reactivación económica del país.
Actualmente tenemos una oportunidad histórica: la posibilidad de transformar nuestro mercado laboral en uno que priorice la dignidad del trabajo, la estabilidad de las empresas y el crecimiento inclusivo. No se trata solo de reformar, sino de construir un futuro donde los ciudadanos, a través de su capacidad de trabajo y emprendimiento, tengan el potencial de hacer de Colombia un país próspero que permita el desarrollo real de nuestra nación.
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