La Procuraduría General de la Nación anunció el pasado martes 19 de agosto la suspensión temporal de Alfredo Saade, jefe de despacho de la Casa de Nariño y uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro. La sanción, por tres meses, obedece a presuntas irregularidades en la polémica licitación del contrato de los pasaportes en la Cancillería, un proceso ya salpicado de cuestionamientos.
La investigación, que comenzó el 9 de julio, también cobija a los exministros de Relaciones Exteriores Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, y apunta a que Saade habría ejercido presiones indebidas para favorecer un convenio con Portugal en la fabricación y suministro de pasaportes. Según el ente de control, el funcionario se habría extralimitado en sus funciones al ordenar retrasos y “racionalizaciones” en la expedición de pasaportes, además de participar en reuniones internas de la Cancillería impartiendo instrucciones que no le correspondían.
La medida disciplinaria llega en un momento clave: apenas el 15 de agosto Petro había premiado a Saade con la designación como embajador en Brasil. Aunque la suspensión aplica a su cargo en la Casa de Nariño, el presidente tiene ahora la disyuntiva de sostenerlo en la representación diplomática, a pesar del fuerte cuestionamiento ético que rodea su gestión.
Este nuevo escándalo refleja la manera en que el gobierno Petro ha manejado los nombramientos en la diplomacia y en cargos estratégicos del Estado: funcionarios cercanos al mandatario, pese a estar envueltos en investigaciones, terminan siendo respaldados o ascendidos. Lo ocurrido con Saade se suma a la larga lista de ruidos por presuntas irregularidades y favoritismos que golpean la imagen de transparencia del actual gobierno.
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