Un importante avance legislativo se dio este miércoles en el Congreso de la República con la aprobación en primer debate del Proyecto de Ley 158 de 2024 Senado, acumulado con el Proyecto de Ley 220 de 2024, que busca poner fin a los abusos en la imposición de comparendos por sistemas automáticos de detección de infracciones, conocidos popularmente como fotomultas.
Aprobado en primer debate proyecto de ley que busca poner fin a los abusos de las fotomultas
La Comisión Sexta del Senado dio luz verde a la iniciativa que propone una reforma estructural al actual modelo, el cual ha sido reiteradamente cuestionado por convertir las fotodetecciones en una fuente de lucro para operadores privados, muchas veces en detrimento del debido proceso de los ciudadanos.
El senador Julio Alberto Elías Vidal, autor y ponente del proyecto, celebró la aprobación del articulado que busca garantizar que las sanciones de tránsito derivadas de medios tecnológicos solo puedan imponerse si se logra identificar al conductor responsable de la infracción.
“Los carros no cometen infracciones, las cometen personas. Nadie debe ser sancionado si no hay certeza de que fue quien cometió la falta”, expresó el senador, quien además reiteró que esta iniciativa no pretende exonerar a infractores, sino proteger principios fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso.
El proyecto recoge los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional y establece reglas claras para el uso del espacio público cuando estos sistemas son operados por particulares. Asimismo, fortalece los criterios técnicos, de verificación y notificación de las infracciones, con el fin de garantizar mayor transparencia y justicia en los procesos sancionatorios.
Elías Vidal también agradeció el respaldo de sus coautores, el senador Jairo Castellanos y el representante Eduard Sarmiento, así como el apoyo unánime de la Comisión Sexta.
Con esta aprobación en primer debate, el Congreso avanza hacia una legislación que priorice los derechos de los ciudadanos por encima de intereses económicos, y que garantice un uso justo de las tecnologías en materia de tránsito.
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