Supersociedades multa a controlantes y liquidadores de Viva Air

La Superintendencia de Sociedades impuso una multa de $142.350.000 pesos a los ciudadanos extranjeros Michael Howard Millar, Enrique Antonio Luna y Julio Luis Caballero, quienes fueron declarados como controlantes conjuntos de Fast Colombia S.A.S. (Viva Air) en Liquidación Judicial y Viva Airlines Perú S.A.C., con sucursal en Colombia. La entidad determinó que ejercieron el máximo …
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La Superintendencia de Sociedades impuso una multa de $142.350.000 pesos a los ciudadanos extranjeros Michael Howard Millar, Enrique Antonio Luna y Julio Luis Caballero, quienes fueron declarados como controlantes conjuntos de Fast Colombia S.A.S. (Viva Air) en Liquidación Judicial y Viva Airlines Perú S.A.C., con sucursal en Colombia. La entidad determinó que ejercieron el máximo poder de decisión en la aerolínea entre el 29 de abril y el 28 de diciembre de 2022.

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Viva Air y la multa

Según la investigación, los controlantes tomaron directamente las decisiones fundamentales de la empresa, en lugar de hacerlo a través de las sociedades intermediarias utilizadas en la estructura corporativa. La Superintendencia advirtió que la creación de “matrices ficticias” con patrimonios insignificantes representa un riesgo para los acreedores y otros actores involucrados, ya que estas entidades no tienen capacidad financiera para responder ante reclamaciones.

El organismo señaló que, aunque el derecho societario permite la creación de estructuras corporativas diversas, estas no deben distorsionar la realidad empresarial ni evadir responsabilidades. La resolución enfatizó la necesidad de que el control empresarial refleje la verdadera toma de decisiones, evitando interpretaciones que desvirtúen su propósito.

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El superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, resaltó la importancia de esta decisión en el proceso de liquidación de Viva Air, ya que podría beneficiar a los acreedores afectados. Sin embargo, aclaró que esta determinación es una facultad administrativa distinta de un proceso judicial por desestimación de la personalidad jurídica, el cual requiere garantías procesales.

Los sancionados y las sociedades involucradas tienen la posibilidad de interponer recursos legales para impugnar la decisión. Mientras tanto, la Superintendencia de Sociedades continuará supervisando el proceso de liquidación para garantizar la protección de los intereses de los acreedores.

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