La urbanización Arboleda, ubicada en el suroriente de Montería, vivió una jornada de tensión y protesta luego de que la empresa Afinia, filial del Grupo EPM, procediera a desconectar de forma definitiva el servicio de energía eléctrica en este conjunto residencial conformado por unas 350 viviendas.
La medida, según explicó la empresa a través de un comunicado oficial, responde a una deuda acumulada de más de 3.000 millones de pesos por parte de la comunidad, a raíz de una conexión considerada ilegal desde el punto de vista regulatorio. Según Afinia, el suministro energético se realiza sin formalización, pues la Promotora Arboleda S.A.S. habría entregado las viviendas desde 2022 sin cumplir con los procesos de legalización ante la empresa prestadora.
Ante la desconexión, los residentes de Arboleda retuvieron un vehículo de la compañía y bloquearon temporalmente la vía Montería – Planeta Rica con quema de llantas, como forma de presión para exigir el restablecimiento del servicio. Aunque los manifestantes aseguran que no han incurrido en actos violentos, expresan su inconformidad por lo que consideran una decisión injusta.
Comunidad de Arboleda se defiende: “Somos compradores de buena fe”
Mediante un pronunciamiento público, los habitantes rechazaron lo que calificaron como señalamientos estigmatizantes por parte de Afinia. Aseguran que compraron sus viviendas bajo el principio de buena fe, confiando en que los servicios públicos estaban en regla, dado que los medidores de energía fueron instalados desde la entrega del proyecto.
“El servicio ya estaba funcionando cuando recibimos las viviendas. Nosotros no conectamos nada de forma ilegal. Incluso hemos radicado solicitudes para formalizar la prestación del servicio, pero no hemos recibido respuesta clara ni efectiva”, expresaron voceros de la comunidad.
Asimismo, pidieron respeto por su buen nombre y exigieron la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal para garantizar una solución equitativa, que no lesione sus derechos.
Afinia defiende su actuación
La empresa, por su parte, señala que ha agotado todas las instancias de diálogo, incluyendo tres reuniones en las que participaron representantes de la Alcaldía de Montería, la Secretaría de Servicios Públicos y entes de control. Sin embargo, indica que no hubo avances concretos, y por tanto, la desconexión fue “una decisión obligada para garantizar la seguridad, la legalidad y la sostenibilidad del servicio”.
Afirman también que en ocasiones anteriores se reconectó el servicio de forma ilegal, lo que generó mayores riesgos técnicos y financieros para la operación.
Un conflicto que exige intervención institucional
Lo que comenzó como una disputa técnica por la legalidad de una conexión eléctrica, hoy se ha convertido en un caso complejo con implicaciones sociales, legales y de derechos humanos. Mientras la empresa defiende el cumplimiento de las normas del sector eléctrico, la comunidad reclama ser víctima de una omisión estructural desde el proceso de construcción y entrega de las viviendas.
Por ahora, las protestas continúan, y los habitantes de Arboleda aseguran que no levantarán la voz ni entregarán el vehículo retenido hasta tanto no se restablezca el servicio y se establezca una mesa de trabajo que permita legalizar la situación sin vulnerar sus derechos.
Se espera que en las próximas horas se genere un nuevo acercamiento entre las partes, con el acompañamiento de las autoridades competentes, para buscar una solución definitiva a esta problemática que hoy deja a cientos de familias sin energía.
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