Tras la histórica decisión judicial que declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, la Unidad Nacional de Protección (UNP) informó que está evaluando un posible refuerzo en el esquema de seguridad de la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, responsable del fallo.
En un comunicado oficial emitido desde Bogotá el 28 de julio, la UNP confirmó que la togada ya contaba con medidas de protección, pero que tras la reciente sentencia y el impacto nacional que esta ha generado, se activó un proceso conjunto con la Dirección de Protección de la Policía Nacional para valorar nuevamente el nivel de riesgo.
“Se revisan hechos recientes que podrían aumentar su nivel de vulnerabilidad”, señaló la entidad, al tiempo que aclaró que la jueza solicitó por primera vez apoyo a la UNP el pasado 11 de febrero, siendo beneficiaria desde entonces de un esquema de seguridad vigente.
La Unidad también reiteró que su misión institucional incluye la protección de funcionarios judiciales cuya labor los expone a amenazas, especialmente cuando toman decisiones en casos sensibles o de alto perfil.
La jueza Heredia fue quien concluyó que Uribe Vélez, a través de su abogado Diego Cadena e intermediarios, intentó manipular testigos clave en el caso contra el senador Iván Cepeda, entre ellos Juan Guillermo Monsalve. El fallo ha sido considerado uno de los más trascendentales en la historia judicial del país, al tratarse del primer proceso en el que un expresidente colombiano es declarado culpable.
Este contexto judicial y político ha generado tensiones públicas y un entorno mediático complejo, razón por la cual las autoridades consideran que se debe garantizar la integridad física y funcional de la jueza frente a posibles riesgos.
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