Las autoridades del Urabá antioqueño y chocoano prohibieron el ingreso de lanchas con migrantes deportados desde Panamá, debido a la crisis humanitaria y de salubridad que ha generado el represamiento de estas personas en Capurganá. La decisión se tomó en una reunión en Acandí, Chocó, donde se evaluaron los impactos sociales y sanitarios que esta situación ha provocado en la región.
Restricción el el Urabá
La medida responde a denuncias de la Personería de Necoclí, que alertó sobre el uso de vehículos de carga para trasladar a los migrantes desde Panamá en condiciones inadecuadas y dejarlos a la deriva en poblaciones del Golfo de Urabá. En un comunicado, el Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Acandí y Zona Costera Norte (Cocomanorte) advirtió que no permitirá la llegada de transportadores o instituciones extranjeras con migrantes, y que cualquier embarcación que incumpla la restricción será decomisada.
Según Emigdio Pertuz Buendía, representante legal de Cocomanorte, muchos de estos traslados se realizan en embarcaciones privadas que cobran a los migrantes entre 20 y 25 dólares para ser llevados en lanchas o, en caso de no tener recursos, les ofrecen la opción de cruzar la selva pagando cuotas a quienes controlan las rutas clandestinas.
Pese a la restricción, las autoridades locales proponen una solución alternativa que permita el retorno seguro de los migrantes. Se plantea el uso de un sendero adaptado con escaleras para facilitar el paso de los deportados sin necesidad de atravesar toda la selva, mediante un acuerdo entre Colombia y Panamá.
Para garantizar el cumplimiento de estas medidas, Cocomanorte solicita la intervención de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, los ministerios de la Igualdad y del Interior, la Fiscalía y Migración Colombia, así como el apoyo de las autoridades locales, con el fin de regular la migración y evitar que la crisis humanitaria en Urabá se agrave.
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