El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2486 de 2025, normativa aprobada en el Congreso que exime del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), licencia de conducción y matrícula a los propietarios de vehículos eléctricos con una potencia igual o inferior a 1.000 vatios, siempre que se movilicen exclusivamente por ciclorrutas. La ley, que consta de 18 artículos, entró en vigencia desde el 17 de julio tras su promulgación.
Normativa sobre vehículos
El proyecto de ley 219 de 2024 en la Cámara, junto al 111 de 2023 del Senado, superó con éxito los debates legislativos que, por protocolo, se deben discutir y aprobar, posteriormente se radican ante el mandatario de la república, quien toma la última palabra en el escenario.
El objetivo central de la normativa es incentivar el uso de medios de transporte sostenibles y de bajo impacto ambiental, en concordancia con las políticas del Gobierno Nacional en materia de movilidad eléctrica. Entre los puntos más destacados está que personas desde los 16 años podrán conducir este tipo de vehículos, y los menores entre 12 y 16 años también podrán hacerlo, pero solo en infraestructura ciclística.
Sin embargo, la decisión ha generado fuertes críticas por parte de expertos en movilidad y desde el Concejo de Bogotá. El concejal Juan David Quintero advirtió que la norma pone en riesgo la seguridad vial, al eliminar la obligatoriedad del SOAT en estos casos. Según explicó, al no haber póliza, no habría quién responda ante un accidente que involucre a un peatón o a otros actores viales.
La Secretaría de Movilidad de Bogotá también se pronunció al respecto. A través de un video, la secretaria Claudia Díaz afirmó que si bien se valora la promoción de alternativas sostenibles, es vital que la implementación de la ley no afecte el derecho a la vida ni la seguridad de los ciudadanos. La entidad recalcó que debe garantizarse la protección a todos los actores viales en el uso del espacio público.
Finalmente, el concejal Quintero anunció que iniciará acciones legales para demandar la Ley 2486, alegando que desconoce principios básicos de responsabilidad en caso de siniestros viales. Mientras tanto, el Gobierno sostiene que la medida es un paso hacia una Colombia más verde y eficiente en movilidad urbana.
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