Procuraduría investiga presuntas irregularidades en convenio para centro de reclusión «La Amarilla».
La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra el alcalde de San Antero, Dennis Chica Fuentes, por presunta violación de derechos fundamentales de la población carcelaria del centro de detención “La Amarilla” en Lorica. La entidad señala un posible incumplimiento del convenio Nº 002-2024 destinado a la administración y sostenimiento del centro penitenciario.
El mandatario local respondió a los señalamientos afirmando que su administración garantizó oportunamente los recursos necesarios para el convenio. Según Chica Fuentes, San Antero fue el primer municipio en apropiar el presupuesto mediante certificado de disponibilidad Nº CEN 01.000351 por valor de $35 millones desde mayo de 2024.
El convenio, que involucra a varios municipios como San Andrés de Sotavento, Puerto Escondido, Purísima, Chimá, Cotorra, Moñitos y Canalete, busca aunar esfuerzos financieros para asegurar servicios de administración, vigilancia, custodia y alimentación de los detenidos.
De acuerdo con el alcalde, aunque los recursos fueron apropiados en mayo, el convenio solo se firmó en septiembre, proceso cuya elaboración corresponde al municipio de Lorica. Adicionalmente, la cuenta de cobro con sus respectivos soportes fue recibida por San Antero hasta el 19 de diciembre de 2024.
Chica Fuentes explicó que debido al cierre presupuestal de fin de año, el desembolso no pudo realizarse inmediatamente, efectuándose finalmente el 21 de enero de 2025.
“No existen méritos para iniciar cualquier investigación por estos hechos contra la administración, máxime cuando son varios los municipios que integran dicho convenio, se apropiaron los recursos de manera oportuna, y no está a mi cargo la estructuración del convenio”, manifestó el alcalde.
El funcionario añadió que resulta improcedente aceptar los señalamientos, reiterando que desde la Alcaldía de San Antero “se realizó el debido proceso en el tiempo exigido por ley”.
La investigación se centra en determinar si existieron omisiones que afectaron las condiciones de vida de los reclusos en el centro de detención “La Amarilla”, ubicado en Lorica, Córdoba.
La Procuraduría deberá establecer si hubo incumplimiento en las obligaciones del convenio interadministrativo y si esto constituyó una vulneración de derechos fundamentales de la población carcelaria.
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