Asesinatos de policías y militares crecen 136% en Colombia durante 2025: presidente de la FND

El presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Erasmo Zuleta, alertó que más de 133 uniformados han perdido la vida entre enero y agosto, superando ampliamente las 59 víctimas del mismo período del año anterior.

Colombia atraviesa una crisis de seguridad que golpea duramente a la fuerza pública. Las cifras revelan un panorama preocupante: los asesinatos de policías y militares aumentaron 136% en lo que va del 2025, comparado con el mismo período del año anterior.

Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, presentó estos datos alarmantes durante una entrevista donde actúa como vocero de los 32 mandatarios territoriales del país.

Las estadísticas muestran que entre el 1 de enero y el 15 de agosto de 2025 han asesinado a más de 133 miembros de la fuerza pública, mientras que en el mismo lapso de 2024 las víctimas fueron 59.

Erasmo Zuleta Bechara, presidente de la FND y gobernador de Córdoba.

“Con lo que pasó ayer van más de 150 miembros de la fuerza pública, policías y soldados asesinados. Esto es muy triste”, declaró Zuleta, quien calificó a los uniformados como “los verdaderos héroes de la patria” y expresó que el departamento de Córdoba está de luto por estas muertes.

El mandatario cordobés conecta esta escalada de violencia con los recientes atentados en el país, incluyendo los hechos en Valle del Cauca, Amalfi y Florencia, donde utilizaron artefactos explosivos.

Para enfrentar esta crisis, Zuleta propone tres medidas clave: mayor presencia institucional del Estado en los territorios, revisar la política de paz con grupos criminales y dotar a la fuerza pública con herramientas necesarias para actuar con contundencia.

El gobernador advierte que Colombia no puede regresar a épocas donde la violencia impedía el tránsito seguro por las vías del país y donde los hechos violentos se extendían desde zonas rurales hasta áreas metropolitanas.

Esta situación genera especial preocupación porque algunos de estos ataques se presume provienen de grupos con los cuales el gobierno mantiene diálogos de paz, lo que cuestiona la efectividad de estas negociaciones.

  


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