El presidente del Senado prepara acciones judiciales contra lo que considera una extralimitación presidencial.
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Efraín Cepeda, presidente del Senado, prepara una demanda ante el Consejo de Estado para tumbar cualquier decreto que emita Gustavo Petro convocando la consulta popular sin aprobación del Congreso.
El senador considera esta vía como la respuesta judicial necesaria ante lo que califica como una “usurpación de funciones” del Ejecutivo.
El congresista confía plenamente en que el máximo tribunal administrativo declarará ilegal el decreto presidencial.
“Si ellos quieren hacerlo, pues nosotros sí acudimos al Consejo de Estado, estoy seguro que le tumban eso por arbitrarios”, declaró Cepeda, quien ve en esta estrategia legal la forma de defender la autonomía del poder legislativo.
La demanda que prepara Cepeda se fundamentará en la violación a la separación de poderes.
El presidente del Senado argumentará que Petro pretende saltarse no solo la decisión del Congreso, sino también la competencia del poder judicial para resolver estos conflictos institucionales.
Cepeda planea demostrar ante los magistrados que el decreto constituye una extralimitación presidencial.
“Es absolutamente ilegal, es una violación a la autonomía de dos poderes públicos, no solamente el legislativo sino el poder judicial”, explicó el senador sobre los fundamentos de su futura acción judicial.
La estrategia legal del presidente del Senado busca frenar lo que considera un comportamiento autocrático. Cepeda comparó la actuación presidencial con la de “monarcas absolutos” y le solicitó directamente a Petro que “cese de usurpar funciones que corresponden a otros estamentos del Estado”.
El conflicto judicial se avizora después de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmara la intención gubernamental de emitir el decreto si el Senado no se pronuncia antes del primero de junio. Benedetti reconoció errores en el trámite legislativo: “Hubo una cantidad de errores por estar haciendo la jugadita, por estar con el afán”.
Cepeda mantiene su posición de confrontación legal y espera que el Consejo de Estado ratifique los límites constitucionales del poder presidencial frente a las decisiones del Congreso.
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