Consejo de Estado admitió demanda que busca anular la votación que negó la consulta popular del Gobierno

Según la demanda, el acto por el cual se certificó la votación del Senado —que resultó en 49 votos en contra y 47 a favor— presenta vicios que afectarían su validez.
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La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió una demanda que busca anular la votación en la que el Senado de la República negó el aval a la consulta popular solicitada por el presidente Gustavo Petro.

El trámite judicial se inició tras la radicación del recurso por parte del ciudadano Raymundo Francisco Marenco Boekhoudt, quien alega presuntas irregularidades en el procedimiento de votación llevado a cabo el pasado 14 de mayo.

Según la demanda, el acto por el cual se certificó la votación del Senado —que resultó en 49 votos en contra y 47 a favor— presenta vicios que afectarían su validez.

El demandante argumenta que, aunque en la sesión plenaria estuvieron presentes 97 senadores, solo se registraron 96 sufragios.

Además, señala que el secretario general del Senado habría modificado el sentido del voto del senador Édgar Díaz Contreras, inicialmente favorable, lo que habría alterado el resultado final.

Otro de los puntos señalados por el accionante es el corto tiempo —menos de tres minutos— que se habría otorgado para realizar la votación, así como la imposibilidad de algunos congresistas para ejercer su derecho al voto.

En el documento radicado, se menciona también la salida del recinto por parte de un senador durante el proceso, lo que, según el demandante, viola disposiciones de la Ley 5ª de 1992.

El magistrado Pedro Pablo Vanegas, ponente del caso, consideró que el acto mediante el cual el Senado negó el concepto favorable para la consulta constituye un acto definitivo de contenido electoral y, por tanto, es susceptible de control judicial.

En consecuencia, se adecuó el trámite al medio de control de nulidad y se admitió la demanda para su estudio.

El proceso seguirá su curso con la notificación al presidente del Senado, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público.

La demanda podría derivar, eventualmente, en la repetición de la votación en caso de que se declare la nulidad del acto cuestionado.

  


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