advierte que una consulta popular tendría un costo estimado de entre 500.000 y 700.000 millones de pesos para el erario, sin garantías de éxito
El Consejo de Estado admitió una tutela presentada por el ciudadano Breyner Aaron contra el presidente Gustavo Petro, en la que solicita que las reformas sociales, como la laboral, sean debatidas exclusivamente en el Congreso de la República y no a través de la consulta popular anunciada por el mandatario. La decisión fue tomada por la Sección Quinta de la alta corte, bajo ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya.
La acción judicial, radicada el pasado 13 de marzo, argumenta que la convocatoria presidencial podría desconocer los procedimientos democráticos establecidos, vulnerando derechos fundamentales como el debido proceso legislativo. Además, advierte que una consulta popular tendría un costo estimado de entre 500.000 y 700.000 millones de pesos para el erario, sin garantías de éxito, como ya ocurrió con la fallida consulta anticorrupción de 2018.
El auto de admisión otorgó dos días hábiles al presidente Petro y a la presidenta de la Comisión Séptima del Senado para presentar sus argumentos. Igualmente, vinculó al proceso a los Ministerios del Trabajo, Salud y Educación, así como a las comisiones constitucionales pertinentes.
El debate sobre esta tutela se da en medio del hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, donde el pasado 18 de marzo fue archivada con ocho votos a favor y seis en contra. Esta iniciativa contemplaba medidas como el aumento del recargo nocturno, el pago del 100 % de dominicales y festivos, y la ampliación de licencias de paternidad, entre otros puntos.
Tras este revés legislativo, el presidente Petro anunció su intención de acudir a una consulta popular para sacar adelante su paquete de reformas sociales. Sin embargo, sectores políticos y de control fiscal han cuestionado tanto su viabilidad jurídica como los altos costos que implicaría.
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