La medida se tomó como parte de una investigación en la que se les acusa de haber recibido 4.000 millones de pesos como parte de un esquema de sobornos.
La Corte Suprema de Justicia justificó la captura de los congresistas Iván Name y Andrés Calle, señalando que ambos representan un “peligro para la comunidad” debido a su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La medida se tomó como parte de una investigación en la que se les acusa de haber recibido 4.000 millones de pesos como parte de un esquema de sobornos para facilitar la adjudicación de contratos y el impulso de reformas gubernamentales.
De acuerdo con un documento de 183 páginas emitido por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, se estableció que la influencia política de Name y Calle, sumada a la gravedad de los delitos investigados, representa un riesgo de reiteración de conductas delictivas.
En el texto, los magistrados Francisco Farfán, Marco Antonio Rueda, César Augusto Reyes y Misael Rodríguez votaron a favor de la medida, mientras que Cristina Lombana y Héctor Alarcón salvaron parcialmente su voto, en una decisión dividida de 4-2.
La Corte argumentó que su decisión busca evitar la continuación de la actividad delictiva y proteger a la comunidad y a las víctimas.
“Esa condición de dirigentes políticos influyentes de Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, aunado a la gravedad de sus conductas, el número de delitos investigados y de actores involucrados en el acuerdo delictivo, se erigen en circunstancias que permiten apuntalar el pronóstico objetivo, consistente en que los nombrados constituyen una amenaza para los derechos de la comunidad, que son un peligro para encumbrados intereses de esta, como el derecho a una vida digna de sus miembros”, detalla el fallo.
El documento también menciona que Name, expresidente del Senado, habría recibido 3.000 millones de pesos entregados por Sandra Ortiz en nombre de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, mientras que Calle, expresidente de la Cámara, habría recibido 1.000 millones en efectivo, sumas que supuestamente se destinaron a campañas electorales y el impulso de reformas en el Congreso.
Para la Corte, la medida cautelar es “idónea, necesaria y proporcional” para prevenir que en libertad los congresistas puedan continuar afectando los derechos de la comunidad.
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