El departamento destina 51% de los recursos del PAE con fondos propios y regalías, superando la contribución nacional que apenas alcanza el 36%.
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La Gobernación de Córdoba asume el 51% del costo total del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para 2025, mientras el Gobierno Nacional aporta únicamente el 36%, según reveló la administración departamental en un comunicado oficial emitido este sábado.
Del total de $170.591 millones que requiere el programa este año, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA) del Ministerio de Educación contribuye con $47.907 millones, una cifra que alcanza para cubrir apenas 40 días de los 180 del calendario escolar.
Por su parte, el departamento destina $67.986 millones combinando recursos propios ($5.000 millones) y del Sistema General de Regalías ($62.986 millones), lo que permite financiar 95 días de alimentación escolar. Esta inversión departamental sacrifica proyectos en salud, infraestructura y desarrollo económico.
La distribución desigual de costos genera un déficit de $17.042 millones que deja sin financiación 41 días del programa, afectando directamente a los estudiantes cordobeses.
El gobierno departamental critica que el peso financiero recae desproporcionadamente sobre las entidades territoriales, rompiendo los principios de concurrencia, corresponsabilidad y subsidiariedad que deben regir el PAE.
La situación se agrava porque el programa inició 15 días después del comienzo de clases, a diferencia de años anteriores cuando arrancaba en marzo. Los recursos nacionales cubren solo dos meses del año escolar, obligando a las regiones a buscar fuentes alternativas de financiación.
El departamento presentó un proyecto de regalías el 10 de abril para completar la financiación, recibió observaciones del Ministerio y las subsanó el 16 de mayo. Sin embargo, los tiempos de aprobación dependen de entidades como el Departamento Nacional de Planeación y los ministerios de Educación y Hacienda.
La administración departamental insiste en que el uso de regalías no puede convertirse en la norma para sostener un derecho fundamental como la alimentación escolar, pues estos recursos están diseñados para cerrar brechas regionales.
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