Varias de estas obras son responsabilidad de la Nación, como es el caso del puente de La Doctrina.
La Contraloría General de la República detectó proyectos suspendidos y obras inconclusas que afectan servicios básicos como acueductos, alcantarillados y educación en todo el departamento de Córdoba.
Durante una visita a Montería, el vicecontralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga Pardo, reveló que el departamento de Córdoba enfrenta una crisis en infraestructura pública con 34 obras identificadas en estado crítico que representan una inversión de $580.000 millones en recursos públicos.
Entre los proyectos más preocupantes se encuentra el puente La Doctrina en San Bernardo del Viento, una obra que registra apenas 11% de avance físico.
La construcción de cuatro aulas y baterías sanitarias en la institución educativa El Sabanal, también obra del Gobierno Nacional, permanece paralizada con solo 4% de ejecución tras dos años de iniciada.
“Hay proyectos que tienen 5 años que deberían haberse terminado hace cuatro”, explicó Zuluaga Pardo al detallar que muchas obras quedaron suspendidas desde la pandemia debido a desajustes en precios y problemas contractuales.
No obstante, la Contraloría logró rescatar 12 proyectos valorados en $81.000 millones mediante su estrategia Compromiso Colombia. Entre los éxitos se destacan la construcción del parque en Montelíbano ($1.500 millones), proyectos de mejoramiento de vías en Sabanal ($21.000 millones), el complejo deportivo de Lorica ($31.000 millones) y la sede de la Universidad de Córdoba en Sahagún ($22.000 millones).
El vicecontralor distinguió tres categorías problemáticas: elefantes blancos (obras terminadas sin uso), proyectos críticos (en ejecución pero con retrasos alarmantes) y obras inconclusas (contratos finalizados sin cumplir objetivos). Un ejemplo crítico actual es el ala de maternidad del Hospital San Jerónimo de Montería, suspendida mientras se reestructuran precios y diseños.
La Contraloría identificó que interventores y funcionarios públicos frecuentemente evitan tomar decisiones por temor a consecuencias legales, perpetuando la parálisis administrativa.
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