Corte Constitucional declara inexequible uno de los decretos de conmoción interior por firmas inválidas

El decreto estaba destinado a regular la asignación de recursos del Sistema General de Regalías para proyectos de inversión en el Catatumbo.
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La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto Legislativo 131 de 2025, expedido en el marco del estado de conmoción interior en la región del Catatumbo.

El decreto estaba destinado a regular la asignación de recursos del Sistema General de Regalías para proyectos de inversión en esa zona y en municipios del área metropolitana de Cúcuta y del departamento del Cesar.

La decisión se basó en un vicio formal. Según el alto tribunal, el decreto no fue firmado por todos los ministros en ejercicio, como lo establece la Constitución.

En su lugar, fue suscrito por dos funcionarios que no tenían competencia legal para hacerlo al momento de su expedición y publicación oficial.

Uno de los firmantes fue Polivio Leandro Rosales, viceministro de Desarrollo Rural, quien suscribió el decreto como ministro encargado de Agricultura.

Sin embargo, para el 5 de febrero de 2025, fecha de expedición del decreto, la titular de la cartera, Martha Viviana Carvajalino, ya había retomado sus funciones. La ministra no firmó el documento.

El otro caso fue el de Luis Carlos Reyes, entonces ministro de Comercio, Industria y Turismo, quien firmó el decreto durante un permiso remunerado, lo que implica una vacancia temporal del cargo.

En su ausencia, la encargada del ministerio era Ana María Zambrano, quien tampoco firmó el decreto.

La Corte concluyó que estos errores constituyen un vicio insubsanable que afecta la validez del decreto, razón por la cual lo declaró inexequible en su totalidad.

No obstante, la decisión aclara que los proyectos de inversión que hayan sido seleccionados y estén en ejecución no serán afectados por la medida, dado que los efectos del fallo solo aplican hacia el futuro.

El Decreto 131 hacía parte del conjunto de medidas adoptadas bajo el estado de excepción declarado por el Gobierno Nacional para enfrentar la crisis de seguridad y orden público en el Catatumbo.

  


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