Jorge Enrique Ibáñez defiende actuación judicial y da plazo de tres días a la Cámara de Representantes.
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La Corte Constitucional solicitó este martes documentación adicional para continuar el análisis de la reforma pensional, mientras su presidente Jorge Enrique Ibáñez contestó las objeciones del gobierno nacional sobre el desarrollo del proceso judicial.
En un pronunciamiento del 11 de agosto, el magistrado ponente estableció que faltan documentos esenciales para proseguir con la revisión. La Cámara de Representantes no ha remitido las actas correspondientes a las sesiones donde se debatió nuevamente el proyecto tras las observaciones del tribunal.
Las actas 256 y 257, que documentan las deliberaciones del 27 y 28 de junio, permanecen sin la aprobación plenaria requerida. Estos registros son necesarios para confirmar que se cumplieron las directrices establecidas previamente por el alto tribunal.
El magistrado otorgó un término de tres días hábiles para que la corporación legislativa envíe la documentación con los requisitos completos. Solo después de recibir estos elementos podrá avanzar el estudio de la acción presentada por la senadora Paloma Valencia.
Ibáñez aprovechó su pronunciamiento para referirse a las declaraciones públicas del presidente Petro y funcionarios del gabinete, quienes han cuestionado la conducción del caso. El mandatario había manifestado que el magistrado tiene motivaciones diferentes a la correcta aplicación de la justicia.
El presidente del tribunal rechazó estas afirmaciones y recordó que las instituciones deben mantener relaciones de colaboración mutua. Advirtió que los comentarios públicos pueden afectar la autonomía que debe caracterizar las decisiones judiciales.
“Los señalamientos no reflejan la realidad y van contra la cooperación que debe existir entre las ramas del poder”, indicó el funcionario judicial. Añadió que la Constitución garantiza la independencia de los tribunales en el artículo 228.
Pese a las críticas, Ibáñez manifestó que interpretará las declaraciones gubernamentales como una expresión del interés por acelerar la resolución del caso, manteniendo la presunción de buena fe hacia las autoridades públicas.
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