La Sala de Instrucción remite copias a la Fiscalía para determinar responsabilidades penales de ministros y exministros en el mayor escándalo del caso UNGRD.
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La Corte Suprema de Justicia ordenó a la Fiscalía General de la Nación investigar a 11 altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión fue adoptada por el despacho del magistrado Misael Rodríguez, quien compulsó copias del expediente para que el ente acusador determine las responsabilidades penales de estos miembros del gabinete presidencial en el que se considera el mayor caso de corrupción que enfrenta la administración actual.
Entre los investigados se encuentran el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y varios exministros de alto perfil: Gloria Inés Ramírez, Mauricio Lizcano, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. También fueron compulsadas copias contra los exfuncionarios Carlos Ramón González, quien ya fue judicializado por su presunta participación en el entramado corrupto y se encuentra prófugo de la justicia.
La compulsa se produjo un día después de que María Alejandra Benavides Soto, exasesora del exministro Bonilla, rindiera una extensa declaración ante la Sala de Instrucción del alto tribunal, aportando elementos clave para la investigación.
Esta decisión judicial se produce en el marco de la investigación que adelanta la misma Corte contra seis congresistas de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, señalados de haber recibido millonarios proyectos de la UNGRD a cambio de respaldar los créditos del Gobierno en el Congreso.
Los parlamentarios bajo investigación son Liliana Bitar Castilla, Karen Astrith Manrique, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado Ramírez, Wadith Alberto Manzur y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.
Según varios testimonios, estos legisladores habrían recibido contratos destinados a la atención de emergencias a cambio de votar a favor de los créditos solicitados por el Gobierno Nacional, configurando un esquema de intercambio de favores que compromete recursos públicos destinados a la gestión del riesgo.
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