Ambos fueron hallados responsables de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública y falsedad ideológica en documento público.
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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, a 14 años de prisión y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Bernardo Moreno, a 8 años.
Ambos fueron hallados responsables de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública y falsedad ideológica en documento público.
La decisión, emitida el 7 de mayo de 2025, desestimó la solicitud de nulidad presentada por los exfuncionarios y confirmó la preclusión del delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto.
Hurtado y Moreno habían sido condenados el 28 de abril de 2015 por la misma Sala.
El proceso regresó a la Corte Suprema tras la presentación de un recurso de impugnación especial.
Según el fallo, entre 2007 y 2008, ambos funcionarios usaron sus cargos para coordinar actividades de inteligencia ilegal contra servidores públicos considerados opositores del Gobierno.
El DAS, bajo la dirección de Hurtado, infiltró la Corte Suprema de Justicia, instaló dispositivos para grabar sesiones de Sala Plena y accedió a discusiones previas a decisiones judiciales relevantes.
Además, reclutó personal interno para obtener copias de piezas procesales reservadas e información privada de magistrados, con la que se elaboraron perfiles políticos.
La Corte estableció que las operaciones incluyeron el uso de recursos de gastos reservados para pagar a testigos con el fin de perjudicar a personas previamente identificadas.
Según la sentencia, Hurtado emitió órdenes, supervisó su cumplimiento y evaluó los resultados en coordinación con subdirecciones del DAS, manteniéndose al tanto de las operaciones.
Moreno, por su parte, participó en reuniones donde se definieron las directrices de las labores de inteligencia y ejerció control sobre los informes de resultados, alineados con intereses del Ejecutivo.
La Corte concluyó que la Fiscalía demostró la existencia de los hechos y la responsabilidad de los procesados, sin hallar fundamentos para revocar las condenas.
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