La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se declaró incompetente para resolver la apelación de medida de aseguramiento y orden de captura contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), devolviendo el caso al Tribunal Superior de Bogotá.
La decisión se fundamenta en la entrada en vigencia de la reforma a la justicia, que establece que las apelaciones contra estas decisiones corresponden a la siguiente sala dentro del mismo tribunal, modificando la competencia que anteriormente tenía el alto tribunal.
González está señalado por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), caso que ha sacudido al gobierno nacional.
El exfuncionario enfrenta señalamientos por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, relacionados con el presunto desvío de recursos públicos destinados a la atención de emergencias.
La Fiscalía General solicitó ante un juez las audiencias de imputación de cargos y la imposición de medida de aseguramiento contra González, quien según las investigaciones habría participado en el entramado de corrupción que operó al interior de la Ungrd.
El esquema criminal habría direccionado contratos y malversado fondos destinados a gestionar crisis humanitarias y desastres naturales en diferentes regiones del país, afectando recursos críticos para la atención de emergencias.
El Tribunal Superior de Bogotá había solicitado emitir orden de captura contra el exdirector del Dapre, proceso que ahora deberá continuar en esa misma instancia judicial tras la decisión de la Corte Suprema.
