Cuenta regresiva en Montería: ¿Quién recogerá la basura después del 28 de abril?

A poco más de un mes del vencimiento de la actual concesión del servicio de aseo en Montería, programado para el 28 de abril, la ciudad se prepara para una posible transición que podría modificar el esquema de recolección y disposición de residuos sólidos. La administración municipal analiza distintas alternativas dentro del marco legal colombiano.

Según fuentes del sector, la Alcaldía de Montería viene estructurando desde hace un tiempo su propia empresa de servicios públicos, Perla del Sinú, como una de las posibles soluciones para garantizar la continuidad del servicio.

Sin embargo, los plazos establecidos en la ley ya no permitirían adelantar un nuevo proceso licitatorio completo antes del vencimiento del actual contrato.

En este contexto, el municipio enfrenta diversos escenarios legales contemplados en la Ley 142 de 1994. Por un lado, podría establecerse un régimen de libre competencia donde varios operadores, como Urbaser y Seacor, prestarían el servicio simultáneamente mediante contratos de condiciones uniformes, figura prevista en el artículo 128 de dicha ley.

Una particularidad técnica que influye en la decisión es la infraestructura para disposición final. Actualmente, Seacor opera los rellenos sanitarios de Ciénaga de Oro y Patio Bonito, mientras Urbaser no cuenta con instalaciones propias para este fin, tras la orden de clausura del relleno sanitario de Loma Grande.

Esta situación implica costos adicionales por traslado de residuos que eventualmente repercuten en las tarifas.

La normativa vigente ofrece otras alternativas a la administración municipal, como la constitución de una sociedad de economía mixta o la implementación de medidas transitorias, mientras se define un esquema definitivo, según lo contemplado en el Decreto 1077 de 2015, que reglamenta el sector.

“El municipio debe garantizar la continuidad del servicio público de aseo, independientemente del modelo que se adopte”, explicó un experto consultado, quien añadió que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) ha establecido parámetros claros para estas transiciones.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios podría ejercer sus funciones de vigilancia y control para asegurar que durante este periodo de transición no se afecte la calidad del servicio ni se presenten incrementos injustificados en las tarifas, facultades otorgadas por la Ley 142 de 1994 y reforzadas por la Ley 1340 de 2009 sobre protección de la competencia.

Los usuarios esperan que la transición se realice de manera ordenada y transparente, minimizando posibles impactos en el servicio y en las tarifas que actualmente pagan por la recolección y disposición de residuos en la capital cordobesa las cuales oscilan entre los $36.000 para estrato 1 y $94.000 estrato 6.

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