El Ministerio de Trabajo anunció que expedirá nueve decretos para reglamentar aspectos de la reforma que, según el Gobierno, pueden implementarse con base en normas vigentes.
Luego de que la Comisión Séptima del Senado decidiera archivar la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, el Ejecutivo ya definió sus próximos pasos para insistir en cambios al modelo laboral del país.
El Ministerio de Trabajo anunció que expedirá nueve decretos para reglamentar aspectos que, según el Gobierno, pueden implementarse con base en normas vigentes.
Paralelamente, se avanza en la estructuración de una consulta popular para someter a la ciudadanía los puntos centrales de las reformas sociales del actual mandatario, tanto la laboral como la reforma a la salud.
“Vamos a expedir nueve decretos reglamentarios de esta reforma y nos vamos a la consulta con los asuntos que tienen que resolver y decidir los ciudadanos en las urnas”, afirmó el ministro Antonio Sanguino.
Los decretos, según explicó la representante María Fernanda Carrascal, estarán enfocados en disposiciones que fueron consensuadas durante el debate en la Cámara de Representantes, pero que no formaron parte del articulado final enviado al Senado.
De acuerdo con la congresista, se trata de medidas que pueden ser reglamentadas por el Ejecutivo dentro del marco legal actual, sin requerir una nueva ley.
Por otro lado, el Gobierno trabaja en la formulación de las preguntas para la consulta popular, que incluiría temas laborales, de salud y eventualmente otros asuntos estructurales.
Desde el Ministerio del Interior se ha señalado que esta consulta será uno de los principales caminos para retomar las reformas que no han logrado avanzar en el Congreso.
El archivo de la reforma laboral se produjo en una votación dividida en la Comisión Séptima del Senado, donde ocho legisladores se pronunciaron en contra del proyecto.
El hecho agudizó las tensiones entre el Congreso y el Ejecutivo, con un cruce de declaraciones entre el presidente Petro y varios senadores.
Desde el Gobierno se ha denunciado un bloqueo institucional, mientras sectores del Legislativo defienden la autonomía del Congreso y su función de control.
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