La defensa del senador Miguel Uribe Turbay acudió este miércoles 30 de julio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar una presunta interferencia del gobierno de Gustavo Petro en la investigación del atentado que sufrió el precandidato presidencial el pasado 7 de junio en Bogotá.
El abogado Víctor Mosquera presentó dos solicitudes de medidas cautelares: una para el congresista del Centro Democrático y otra para su núcleo familiar, argumentando que enfrentan riesgos graves que comprometen su seguridad en medio del actual clima político.
Durante la reunión en Washington, Mosquera alertó sobre la divulgación de información no corroborada por parte de funcionarios gubernamentales. “El Gobierno Nacional, a través del presidente, ministros y agentes del Estado, divulgó información sin verificación de la Fiscalía, señalando a grupos armados ilegales sin pruebas concluyentes”, manifestó el jurista.
El atentado ocurrió mientras el político de 39 años realizaba actividades de campaña en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, donde un menor de 14 años le disparó en seis ocasiones, impactándolo en la cabeza, el cuello y la pierna.
La defensa presentó ante la CIDH documentos que evidencian el desacato de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a 51 solicitudes formales de refuerzo de seguridad. “El error fue de la UNP, que desatendió las peticiones de protección elevadas por Miguel Uribe, dejándolo expuesto en un contexto de amenazas crecientes”, señaló Mosquera.
Además, solicitaron que el organismo internacional exhorte al Estado colombiano a procesar a los responsables por terrorismo, y no únicamente por tentativa de homicidio. “Este atentado buscó generar pánico en la población civil y amedrentar a la oposición en un año preelectoral”, argumentó el abogado.
La defensa confirmó que también informó al Departamento de Estado de EE. UU. sobre los discursos de estigmatización provenientes del gobierno colombiano, en espera de pronunciamientos adicionales por parte de la comunidad internacional.
Se espera que la CIDH se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas en un plazo aproximado de 15 días. Mosquera también presentó tres informes que documentan campañas de estigmatización contra líderes opositores por parte de altos funcionarios gubernamentales.
