Por Raúl Antonio Aldana Otero
The post Desfinanciar la seguridad no es dignificar a nadie first appeared on LARAZÓN.CO.
Hay que tener mucho descaro —o una profunda ignorancia del funcionamiento del Estado— para afirmar que este gobierno está “dignificando” a las Fuerzas Armadas, cuando en realidad les ha dado el golpe presupuestal más fuerte en décadas. Que no vengan ahora con discursos vacíos y frases progresistas a encubrir una realidad que ya es inocultable: el presidente Gustavo Petro sí desfinanció a las Fuerzas Armadas, y lo hizo de manera deliberada, sistemática y peligrosamente irresponsable.
En el presupuesto nacional aprobado para 2024, el sector defensa sufrió un recorte del 6,4%. A simple vista, puede parecer una cifra manejable. Pero basta con mirar dónde se hicieron los recortes para entender su verdadero impacto: se redujo drásticamente el dinero destinado a movilidad aérea y terrestre, al mantenimiento de helicópteros y aviones, a operaciones de inteligencia, al combate contra el narcotráfico, a logística, municiones y capacidad de despliegue operacional. Se recortó justo donde más duele: en la capacidad real de actuar, responder y proteger al país.
El mensaje es claro: se está desmontando, por vía presupuestal, la operatividad de la Fuerza Pública.
Frente a esto, el gobierno intenta vender humo. El escudo propagandístico es que ahora los soldados bachilleres ganan un salario mínimo. ¿Y eso está mal? Por supuesto que no. La dignificación salarial es un deber del Estado. Pero pretender que este gesto aislado compensa el debilitamiento estructural de las Fuerzas Armadas es tan absurdo como peligroso.
¿Qué protege más la vida de un soldado: un salario mínimo o un helicóptero disponible para una evacuación médica? ¿Una nómina digna o un sistema de inteligencia fortalecido que prevenga emboscadas?
Reducir la defensa a una cifra en la nómina, mientras se desmantelan las capacidades logísticas y estratégicas, no es dignificar: es exponer, es abandonar.
A esto se suma el concepto cada vez más cuestionado de “paz total”, una política que ha paralizado operaciones, que ha permitido la expansión territorial de grupos ilegales y que ha sustituido el imperio de la ley por una especie de “convivencia pactada” con actores armados. El resultado está a la vista: reclutamiento de menores, extorsiones, asesinatos, control territorial y desplazamiento forzado. ¿Dónde está la paz? ¿Para quién es esa paz?
En regiones como el Cauca, Arauca y el Catatumbo, la “paz total” se ha traducido en permiso para avanzar, tomar control, reclutar y asesinar impunemente. Las comunidades se sienten más abandonadas que nunca. Las disidencias se reorganizan. El ELN incumple. Y la respuesta del gobierno sigue siendo el silencio, la justificación o el autoengaño.
Los altos mandos militares no han guardado silencio. Han hecho advertencias claras sobre el debilitamiento de la capacidad operativa, sobre el aumento del riesgo para las tropas, sobre la desmoralización que se empieza a sentir en las bases. Pero como en este gobierno el que no aplaude es automáticamente etiquetado como “enemigo del cambio”, esas voces son ignoradas, silenciadas o removidas.
La desconfianza institucional avanza, y con ella se debilita la columna vertebral de la seguridad nacional.
Colombia necesita entender una verdad elemental: la seguridad no es un lujo, no es un capricho de gobiernos autoritarios ni una herencia de viejas doctrinas. Es la base mínima sobre la cual se construye cualquier democracia. Sin seguridad no hay inversión, no hay justicia, no hay derechos garantizados, no hay desarrollo social.
Desfinanciar las Fuerzas Militares mientras se llena la boca con discursos de respeto, igualdad y justicia, no es dignidad: es traición a quienes todos los días arriesgan la vida por este país. Es jugar con fuego en un momento en que Colombia necesita más firmeza que ideología, más estrategia que retórica, más Estado que narrativas.
No se puede hablar de paz sin instituciones fuertes. No se puede hablar de dignidad si se sacrifica la seguridad. Y no se puede gobernar con slogans mientras se desmantela el aparato de defensa nacional. Desfinanciar la seguridad es condenar al país al caos.
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