El cordobés Carlos Camargo en la carrera por llegar a la Corte Constitucional

La Corte Suprema de Justicia publicó este martes la lista de 39 aspirantes admitidos para conformar la terna que reemplazará al magistrado José Fernando Reyes en la Corte Constitucional.

Entre los nombres más destacados aparecen Carlos Camargo Assis, exdefensor del Pueblo y oriundo de Córdoba, junto a la exfiscal general Viviane Morales.

Camargo, quien ocupó el cargo de Defensor del Pueblo entre 2020 y 2024, se posiciona como uno de los candidatos con mayor experiencia en derechos humanos y defensa de garantías constitucionales.

El jurista cordobés dirigió la entidad durante uno de los períodos más complejos del país, enfrentando desafíos como la implementación del Acuerdo de Paz y la protección de líderes sociales.

Por su parte, Viviane Morales, quien ejerció como fiscal general entre 2011 y 2012, aporta su experiencia en el sistema penal acusatorio y su conocimiento del aparato judicial colombiano. Durante su gestión enfrentó casos de alta complejidad y procesos contra altos funcionarios del Estado.

El listado también incluye reconocidos académicos como Gonzalo Ramírez Cleves, experto en derecho constitucional, y Floralba Alejandrina Padrón, especialista en temas jurídicos. Otros nombres destacados son Juan Carlos Arias López, Ricardo Enrique Bastidas Ortiz y Hugo César Chingate Prieto.

El proceso busca encontrar el sucesor del magistrado Reyes, quien culminará su período institucional de ocho años en septiembre de 2025. La corporación estableció que hasta el 23 de julio los interesados podrán interponer recursos de reposición contra las decisiones de admisión o inadmisión.

A partir del 31 de julio, la Sala Plena de la Corte Suprema iniciará la preselección de candidatos para conformar la terna definitiva. Esta lista se enviará posteriormente al Senado de la República, que tendrá la responsabilidad de elegir al nuevo magistrado constitucional mediante votación.

El nuevo integrante del alto tribunal se sumará a los ocho magistrados restantes en las decisiones sobre constitucionalidad de leyes, protección de derechos fundamentales y resolución de conflictos de competencias entre diferentes ramas del poder público.

Descargar en PDF