¿Estamos realmente enterados de la magnitud de lo que se viene? El nuevo ordenamiento rural del territorio en Córdoba ya comenzó

Hace un par de meses, un secretario de planeación de un municipio del departamento de Córdoba me llamó por teléfono con un tono de evidente preocupacion; “Estuvo una gente del Ministerio de Agricultura mostrándonos lo que proyectan como Zonas de Protección para la Producción de Alimentos en el departamento de Córdoba”, me dijo, “Y según los mapas, más de la mitad del territorio de nuestro municipio quedaría dentro de esa área. Es fuerte lo que viene”, tiene razón el estimado Secretario, su preocupación es real.

La publicación del proyecto de resolución que identifica las Zonas de protección para la producción (ZPPA) en 21 municipios del departamento marca el inicio de un cambio normativo profundo, con efectos jurídicos estructurales en el modelo de ocupación del territorio rural; ¿Somos realmente conscientes de la magnitud de lo que esto implica?

Se trata de una medida sustentada técnicamente por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y orientada, según el propio Ministerio de Agricultura , a avanzar en la garantía del derecho humano a la alimentación adecuada, municipios como Montería, Lorica, Sahagún, Planeta Rica, Ayapel, Cotorra, San Pelayo y Ciénaga de Oro han sido identificados como territorios prioritarios donde se proyecta la futura declaratoria de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).

Estas futuras APPA, una vez formalizadas, tendrán el carácter de determinantes de ordenamiento territorial de superior jerarquía, lo que significa que los usos del suelo en dichos municipios deberán ajustarse obligatoriamente a lo dispuesto por esta figura jurídica, su propósito es proteger los suelos con alta aptitud productiva, asegurar su destinación alimentaria y garantizar la disponibilidad estable de alimentos adecuados, nutritivos y culturalmente pertinentes.

Según el Ministerio de Agricultura , esta figura no pretende frenar la inversión ni obstaculizar el desarrollo, sino reorientarlo hacia modelos sostenibles que respeten la función social y ecológica de la propiedad, sin embargo, en lo personal considero que el contenido del proyecto debe ser examinado con especial detenimiento, pues sus implicaciones son profundas y su implementación exigirá capacidad técnica, voluntad política y coordinación interinstitucional.

Desde el punto de vista jurídico, estamos ante un rediseño de las lógicas tradicionales de uso del suelo, los municipios incluidos en la resolución estarán llamados a revisar sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y armonizarlos con estas nuevas directrices, esto implicará actualizar los diagnósticos rurales, reevaluar los escenarios de compatibilidad normativa, y fortalecer los criterios técnicos que sustentan la planificación territorial con enfoque productivo.

Lo que este proyecto normativo pone sobre la mesa es una transformación silenciosa, pero de alto impacto, en la manera como entendemos y gestionamos el suelo rural. Más allá de las intenciones declaradas, es evidente que su adopción requerirá cambios sustanciales en la planificación territorial, en las prioridades locales y en la forma como se toman decisiones sobre el uso del suelo.

Es un deber ineludible reconocer que este tipo de disposiciones tienen la capacidad de reconfigurar, en profundidad, los modelos de ocupación del territorio, y por tanto deben ser comprendidas, debatidas y aplicadas con responsabilidad técnica, apertura institucional y visión de largo plazo.

Este giro normativo representa un desafío ineludible para los gobiernos locales, pero también una oportunidad para robustecer las capacidades institucionales, anticipar conflictos y transitar hacia una gobernanza territorial más coherente con los principios de sostenibilidad y función pública del suelo. Planificar con base en la vocación del territorio, y no según presiones de coyuntura, permite no solo mayor seguridad jurídica, sino también mayor estabilidad social y económica a largo plazo.

Además, este marco abre el camino para una participación más activa de asociaciones campesinas, comunidades rurales, gremios productivos y actores económicos en el diseño de los instrumentos de planificación. Las APPA pueden convertirse en un punto de encuentro entre conocimiento técnico, normatividad y realidad territorial.

La integración efectiva de estas zonas en los POT permitirá proteger áreas de alta vocación alimentaria frente a decisiones fragmentadas o intervenciones no articuladas, también habilitará mecanismos para incentivar prácticas agroecológicas, establecer rutas de transición productiva ordenada, y diseñar esquemas de compensación por servicios ecosistémicos rurales. No se trata de excluir actores, sino de establecer reglas claras, técnicamente sustentadas y jurídicamente legítimas para planificar con visión.

En este contexto estamos ante una transformación normativa que merece atención prioritaria, las normas sobre suelos de interés agrícola, como las APPA, lejos de ser una barrera para el desarrollo, son una herramienta estratégica para canalizarlo hacia resultados sostenibles, técnicamente viables y jurídicamente sólidos.

¿Estarán los mandatarios del departamento de Córdoba al tanto de esta trascendental normativa que se avecina? Su entrada en vigencia no será simbólica, implicará adecuaciones normativas, nuevas responsabilidades técnicas y un mayor nivel de exigencia institucional.

Conviene recordar que los efectos de las decisiones en materia de ordenamiento territorial no suelen ser visibles de inmediato, no generan titulares ni beneficios políticos a corto plazo, pero sí tienen un altísimo impacto estructural, modelan el desarrollo, orientan las inversiones, definen la vocación del suelo y condicionan el futuro de los territorios durante décadas, precisamente por eso, no se pueden tratar con ligereza ni con respuestas reactivas. El momento para prepararse es ahora.

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