Deberá cumplir 11 años y 5 meses de prisión por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
El exsenador Antonio Guerra De La Espriella, se entregó a las autoridades luego que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmara parcialmente su condena por gestiones ilegales destinadas a favorecer a la multinacional Odebrecht con la aprobación de un contrato de estabilidad jurídica.
La Sala ratificó los cargos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias de servidor público, mientras absolvió al excongresista del delito de concierto para delinquir agravado. Como resultado, fijó una pena definitiva de 11 años y cinco meses de prisión.
El caso llegó a la Alta Corte mediante apelación interpuesta por la defensa del exsenador, quien originalmente había sido condenado por la Sala Especial de Primera Instancia por tres delitos: concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, siendo absuelto únicamente de cohecho propio.
La Corte Suprema señaló que la multinacional brasileña destinó sumas considerables para obtener el contrato de estabilidad jurídica, que otorga garantías tributarias a empresas extranjeras. Para lograrlo, recurrió al exsenador Otto Nicolás Bula Bula, quien influiría en servidores públicos a cambio de pagos ilícitos.
Según la sentencia, el exsenador Bernardo Elías Vidal actuó como articulador para sobornar a varios legisladores, incluyendo a Guerra De La Espriella, quien aprovechó su cargo como congresista para recibir dinero “a cambio de la intervención en el contrato de estabilidad jurídica”. Este ingreso ilegal se reflejó en un incremento injustificado de su patrimonio.
#SalaPenal de la @CorteSupremaJ confirmó parcialmente condena impuesta al excongresista Antonio Guerra De La Espriella por las gestiones ilegales que desplegó para favorecer a la multinacional Odebrecht con la aprobación y suscripción del contrato de estabilidad jurídica.
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ)
Además de la pena privativa de libertad, el tribunal impuso al condenado una multa de 1.175 millones de pesos y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 10 años y cinco meses.
El fallo ordenó oficiar a las autoridades para hacer efectiva la captura del excongresista, quien deberá cumplir su condena privado de la libertad.
Este caso constituye uno más de los procesos judiciales derivados del escándalo Odebrecht en Colombia, que ha implicado a numerosos políticos y funcionarios en una extensa red de sobornos relacionados principalmente con contratos de infraestructura y beneficios tributarios.
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