Solicitan decreto presidencial para garantizar un mínimo de $220.000 por carga y recuperar la rentabilidad del sector.
Gobernadores proponen crear Fondo de Estabilización de precios para el arroz paddy

Desde la Federación Nacional de Departamentos solicitaron hoy al presidente Gustavo Petro Urrego la creación, mediante decreto presidencial, de un Fondo de Estabilización de precios para el arroz paddy, como medida urgente ante la crisis que enfrenta el sector arrocero nacional.
La propuesta, presentada en una carta firmada por los mandatarios departamentales, busca garantizar que el valor de la carga llegue a los precios requeridos para asegurar la rentabilidad del cultivo. Los gobernadores sugirieron establecer un precio mínimo de $220.000 por carga.
“La caída de los precios por tonelada, de casi un 20% frente a 2024 y de casi 30% al 2023, amenaza a la mayoría de los productores con una posible quiebra”, advirtieron los mandatarios en el documento dirigido al jefe de Estado.
El Fondo propuesto contempla no solo la recuperación de costos de producción, sino también la motivación para generar valor agregado a la economía campesina local. Esta iniciativa beneficiaría a cerca de 25.000 unidades productoras rurales que dependen del cultivo del arroz.
Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) citados en la carta, el sector arrocero aporta el 2,5% al PIB agropecuario y el 12,4% en su transformación agroindustrial, además de generar 441.700 empleos directos en el país.
La creación del Fondo de Estabilización figura como el segundo punto de nueve propuestas presentadas por los gobernadores para resolver “de manera inmediata la crisis generada por el paro arrocero” y brindar soluciones a corto, mediano y largo plazo.
Erasmo Zuleta Bechara, gobernador de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, encabezó la iniciativa junto a sus homólogos de Chocó, Antioquia, Arauca, Atlántico y Bolívar.
Los mandatarios departamentales expresaron su preocupación por las repercusiones económicas y sociales de la crisis, que podrían incluir desde la pérdida de soberanía alimentaria hasta problemas de orden público en zonas rurales.
“Confiamos en que el gobierno nacional proteja siempre la producción nacional y salvaguarde el trabajo de nuestros campesinos y agricultores por encima de cualquier otro interés”, concluyeron.
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