El acuerdo incluye regulación de precios, medidas de defensa comercial y apoyo directo a los cultivadores afectados por la crisis del sector.
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Tras más de diez días de movilizaciones que paralizaron las vías del país y generaron desabastecimiento en varios departamentos, el Gobierno nacional y el Comité Nacional del Paro Arrocero alcanzaron este jueves un acuerdo que pone fin a las protestas del gremio.
El pacto, anunciado en rueda de prensa por los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio, Industria y Turismo, e Interior, contempla siete puntos fundamentales que buscan resolver la crisis estructural que atraviesa el sector arrocero colombiano.
La medida más significativa del acuerdo es la implementación de un régimen de libertad regulada para el precio del arroz paddy verde, que permitirá al Gobierno intervenir cuando sea necesario para proteger a los productores.
“Las partes aceptaron la fórmula de cálculo propuesta por el Ministerio de Agricultura que garantiza cubrir los costos de producción sin generar utilidades excesivas”, explicó el comunicado oficial.
La nueva regulación será formalizada mediante una resolución que emitirá la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), estableciendo un precio mínimo de compra que busca darle estabilidad al mercado interno.
El acuerdo también contempla la evaluación de medidas de defensa comercial para proteger la producción nacional frente a las importaciones de arroz, especialmente de países asiáticos como Tailandia y Vietnam, que según los productores practican dumping.
El Ministerio de Comercio estudiará la implementación de aranceles inteligentes y otras barreras comerciales si se verifican condiciones que afecten injustamente la competencia local.
Una comisión técnica mixta se encargará de identificar e implementar mecanismos para apoyar a los productores afectados por la caída de precios registrada desde el 26 de junio pasado. Esta comisión trabajará en el fortalecimiento de programas como el FONSA y el Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (FAIA) durante el primer trimestre de 2025.
Adicionalmente, el Gobierno se comprometió a revisar la Tarifa del Uso del Agua (TUA) mediante una mesa técnica que buscará ajustar este instrumento económico para garantizar el acceso justo al recurso hídrico para el sector agropecuario.
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