El mandatario mantiene que puede convocar la consulta sobre reforma laboral pese a la negativa legislativa del 14 de mayo.
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El presidente Gustavo Petro reafirmó su intención de convocar mediante decreto la consulta popular sobre reforma laboral, después de que el Senado la rechazara el 14 de mayo por 49 votos contra 47.
“Hoy por hoy, la consulta popular es decretable de acuerdo con la Constitución y la ley. El poder soberano no se puede acallar en una democracia”, escribió Petro en su cuenta de X el 1° de junio.
La posición del Ejecutivo se basa en los argumentos del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien alega vicios de procedimiento en la votación senatorial. Benedetti asegura que la ausencia de lectura del informe de la consulta invalidaría la decisión del Congreso.
“La Ley 5ª de 1992, en su artículo 125, dice que antes de una votación debe haber lectura de la proposición. No se leyó. Luego, entonces, el Senado no se pronunció”, explicó el ministro en rueda de prensa, añadiendo que desde el 1° de junio el Gobierno estaría habilitado para emitir el decreto.
Mientras tanto, la Comisión IV del Congreso debate nuevamente la reforma laboral. Algunos analistas ven esta maniobra como un intento de evitar los costos de la consulta popular, calculados en más de 700.000 millones de pesos.
El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, rechazó la propuesta gubernamental, calificándola como “un grave atentado contra el Estado de derecho y la separación de poderes”. Advirtió que no permitirán vulneraciones constitucionales ni el desvío de recursos públicos hacia intereses políticos.
César Gaviria fue más contundente: “El funcionario del Ejecutivo que pretenda suplantar de hecho a los jueces constitucionales, declarando viciado el concepto emitido por el Senado, estará cometiendo el delito de usurpación de funciones públicas”. También advirtió que convocar la consulta por decreto constituiría prevaricato.
El exconsejero de Estado Alberto Yepes Barreiro apoyó esta posición, explicando que “existe una presunción de legalidad sobre el acto” del Senado. Cualquier irregularidad debe ser determinada por los jueces, no por el Gobierno.
“El camino legal es presentar una nueva consulta, como ya se hizo anteriormente, y esta debe volver a tramitarse conforme a la agenda del Congreso”, concluyó Yepes Barreiro.
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