La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que los aportes de verdad presentados por Lambertínez Bolaño no superaron la información ya comprobada por los tribunales ordinarios.
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó la solicitud de sometimiento del exalcalde de Canalete, Armando José Lambertínez Bolaño, quien buscaba acogerse a esta justicia transicional “después de ser condenado por promover grupos al margen de la ley en Córdoba en la década del 2000”, dice la JEP.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que los aportes de verdad presentados por Lambertínez Bolaño no superaron la información ya comprobada por los tribunales ordinarios.
El exmandatario, condenado a 72 meses de prisión en 2016, solo se limitó a negar su relación con el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El Tribunal Superior de Montería había establecido que Lambertínez mantuvo vínculos con Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, comandante del Bloque Elmer Cárdenas, a través del llamado ‘Pacto de Marizco’. Este acuerdo se centró en el control de las alcaldías cordobesas durante la década del 2000.
La JEP consideró llamativo que fuera el exsenador Julio Alberto Manzur Abdala, jefe político de Lambertínez, quien lo señalara como persona “relacionada con las AUC”.
Manzur Abdala había aceptado anteriormente hechos que mostraron la cooptación paramilitar en Córdoba, desde altos cargos nacionales hasta funcionarios municipales.
La Sala encontró que el exalcalde no profundizó sobre la metodología de apropiación de recursos públicos por parte de los paramilitares ni sobre el manejo de la contratación pública en el departamento. Sus declaraciones solo se refirieron a situaciones de terceros ya conocidas públicamente en decisiones judiciales anteriores.
Anteriormente, la JEP había rechazado las solicitudes de Rafael Guillermo Álvarez Domínguez y Eva Leonor Garcés Carmona, condenados junto con Lambertínez, por brindar versiones insuficientes. Tras este rechazo, los procesos del exalcalde fueron devueltos a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
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