La corte considera que la eliminación del TPS causaría daños irreparables a beneficiarios y perjuicios económicos al país.
Un juez federal de California bloqueó este lunes 31 de marzo el intento de la administración Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a aproximadamente 350.000 venezolanos en Estados Unidos, impidiendo que sean deportados.
El juez de distrito Edward Chen emitió una orden judicial que suspende la decisión de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, quien pretendía finalizar el programa migratorio que protege a los venezolanos de ser expulsados del país.
En su dictamen, el magistrado señaló que la acción gubernamental “amenaza con causar un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente interrumpidos, costar a Estados Unidos miles de millones en actividad económica, y perjudicar la salud y la seguridad pública en comunidades de todo el país”.
El documento judicial también destaca que la administración federal no logró demostrar que mantener esta protección temporal causaría algún perjuicio significativo que justifique la suspensión del programa.
Esta decisión llega apenas días después de que beneficiarios del TPS para Venezuela y Haití solicitaran, a través de la organización Alianza Nacional del TPS, detener la orden presidencial que finalizaría el amparo migratorio, exponiendo a los protegidos a posibles deportaciones.
El TPS se concede a ciudadanos de naciones designadas que enfrentan situaciones extraordinarias como conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones que impiden un retorno seguro a sus países de origen.
La designación inicial de Venezuela para el TPS ocurrió en marzo de 2021, cuando Alejandro Mayorkas, entonces el secretario de Seguridad Nacional durante la administración Biden, citó la grave emergencia humanitaria que atravesaba el país bajo el gobierno de Nicolás Maduro como justificación para otorgar esta protección.
Apenas dos semanas antes de que Trump asumiera la presidencia en enero de 2025, el gobierno de Biden renovó estas protecciones por 18 meses adicionales.
La Alianza TPS, organización que presentó la demanda contra el gobierno federal, se formó tras el primer intento de Trump en 2018 de terminar el programa para al menos seis países, iniciativa que también fue bloqueada por un tribunal federal en aquella ocasión.
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