A través de su cuenta en la red social X, la congresista rechazó los hechos y solicitó acciones urgentes por parte de las autoridades.
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La senadora Martha Peralta Epieyú, integrante del Pacto Histórico, se pronunció este viernes sobre el caso de una menor de edad indígena del pueblo Emberá que fue agredida físicamente por varios adultos en la comunidad de Gito Dokabu, en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda.
A través de su cuenta en la red social X, la congresista rechazó los hechos y solicitó acciones urgentes por parte de las autoridades.
“Esta agresión es inadmisible, no tiene justificación, condeno y rechazo estos actos de violencia. Se debe ya investigar y castigar con el mayor rigor a los responsables, por respeto a la vida, la dignidad y la justicia de las mujeres y niñas indígenas”, escribió Peralta, quien también es presidenta del Movimiento MAIS y miembro del pueblo Wayuu.
La reacción de la senadora se produjo tras la difusión de un video en redes sociales, en el que se observa a una menor atada de las manos a una estructura de madera mientras recibe múltiples golpes con tallos herbáceos por parte de dos hombres adultos.
El material audiovisual generó una respuesta inmediata por parte de entidades del Estado y organizaciones indígenas.
“La autonomía de los pueblos indígenas no puede atentar contra la integridad de las personas“, dijo Peralta.
“Claramente hay autoridades y familias de algunas de las comunidades, que fallan con el deber de resolver sus conflictos garantizando la protección debida de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes indígenas”, añadió.
El caso fue rechazado por la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas y la Comisión de la Mujer de AICO, que pidieron investigar y sancionar a los responsables conforme al derecho propio, en concordancia con los derechos fundamentales.
Ambas organizaciones recalcaron que ninguna práctica cultural puede estar por encima de los derechos humanos.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informó que se activaron medidas de protección para la menor afectada, incluyendo la apertura de un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, atención psicosocial y apoyo de un intérprete para facilitar su atención diferencial.
La Gobernación de Risaralda también elevó una denuncia penal contra los presuntos agresores.
Esta agresión es inadmisible, no tiene justificación, condeno y rechazo estos actos de violencia. Se debe ya investigar y castigar con el mayor rigor a los responsables, por respeto a la vida, la dignidad y la justicia de las mujeres y niñas indígenas.
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— Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae)
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