Corporación de jueces pide al Gobierno garantizar seguridad de Sandra Heredia tras decisión judicial
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La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia solicitó este lunes 28 de julio al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes que garanticen la protección personal de la jueza Sandra Liliana Heredia, quien deberá emitir el veredicto en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos delitos de fraude procesal y soborno a testigos.
En un comunicado, Corjusticia solicitó específicamente al Consejo Superior de la Judicatura y a las entidades responsables de brindar servicios de protección que mantengan las medidas necesarias para garantizar el ejercicio independiente de las funciones judiciales en todo el país.
La solicitud se enmarca en el caso en que la jueza Heredia debe decidir si el expresidente es culpable o inocente de cargos que podrían conllevar penas de entre seis y doce años de prisión. Durante la audiencia, la magistrada enfatizó que “la justicia no se arrodilla ante el poder”, al tiempo que reconocía que los ojos del país estaban puestos sobre su decisión.
La corporación expresó su solidaridad con Heredia y recordó la importancia de la independencia y la autonomía judicial en un Estado Social de Derecho. El comunicado subraya que la jueza fue asignada para juzgar al expresidente en un proceso que se remonta a hace 13 años, cuando surgió una disputa legal entre Uribe y el senador Iván Cepeda.
Corjusticia hizo un llamado urgente a las autoridades públicas, los medios de comunicación y la ciudadanía para que respeten el proceso judicial y eviten ejercer presiones externas sobre las decisiones de los jueces. La entidad considera que el fallo de Heredia debe ser controvertido únicamente a través de los recursos legales previstos por la ley.
El organismo destacó la necesidad de seguir fortaleciendo los mecanismos que garanticen que todos los jueces del país puedan cumplir sus funciones en condiciones óptimas de seguridad. La petición incluye la implementación de medidas de protección acordes con las particularidades de cada caso.
El proceso podrá ser apelado por cualquiera de las partes, por lo que el caso continuará en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá.
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