Tres miembros de la fuerza pública atacados en 48 horas mientras estaban de civil y desarmados.
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Un patrón sistemático de ataques contra miembros de la fuerza pública se evidencia en el departamento de Córdoba, con tres casos registrados en menos de 48 horas.
Dos de estos ataques terminaron en homicidio, caracterizándose por disparos por la espalda contra los integrantes de fuerza pública que se encontraban de civil, desarmados y en periodo de permiso o vacaciones.
El Patrullero Aldair Urango, adscrito a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, fue asesinado el jueves 24 de abril cuando visitaba a su familia en el corregimiento Las Palmitas, zona rural de Ciénaga de Oro. El patrullero se encontraba de civil y desarmado cuando fue atacado, sin posibilidad de defenderse.
Este mismo día, en la vereda El Cerro, zona rural de Chimá, José Francisco Espitia Martínez, miembro del Ejército, también fue asesinado en circunstancias similares mientras disfrutaba de sus vacaciones. El militar estaba de civil y sin armas cuando desconocidos lo atacaron.
El primer caso ocurrió el miércoles 23 de abril, cuando el Subintendente Yeiner Morelos recibió un disparo por la espalda en el municipio de Lorica. El policía, adscrito al Departamento de Policía de La Guajira, también se encontraba visitando a su familia en Córdoba. Al momento del ataque se movilizaba de civil junto a su pequeña hija en una motocicleta. Actualmente se recupera en una clínica.
El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, ha calificado estos hechos como un posible “plan pistola” del Clan del Golfo para atacar a la institucionalidad, aunque este grupo al margen de la ley ha negado los panfletos que han circulado anunciando dicho plan.
Ante esta situación, las autoridades departamentales han convocado un consejo extraordinario de seguridad para determinar medidas que contrarresten esta serie de ataques contra la fuerza pública.
El elemento común en los tres casos es que las víctimas fueron atacadas mientras estaban fuera de servicio, desarmadas y visitando a sus familias en diferentes municipios de Córdoba, lo que refuerza la hipótesis de ataques planeados y sistemáticos contra miembros de la fuerza pública.
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