Eduardo Montealegre defendió el proyecto de ley que plantea un modelo mixto de justicia para grupos armados
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El ministro de Justicia Eduardo Montealegre anunció que el proyecto de paz total, orden público y seguridad ciudadana que será presentado el 20 de julio incluye garantías contra la impunidad total.
Durante una reunión del Consejo Superior de Política Criminal, Montealegre enfatizó que Colombia puede tener la certeza de que no se está construyendo “una alambrada de impunidad”.
El proyecto surge en medio de las críticas de sectores de la oposición que han calificado la política de paz total como una “apología a la criminalidad y a la impunidad”.
Analistas han expresado preocupación por propuestas previas que contemplaban que autores de delitos de lesa humanidad paguen un máximo de ocho años de cárcel y puedan conservar hasta 6% de ganancias ilícitas, hasta 11.600 millones de pesos.
El funcionario explicó que el nuevo marco jurídico mantendrá un mínimo de pena privativa de libertad para quienes se acojan a este mecanismo de justicia transicional.
Esta aclaración busca disipar las preocupaciones sobre posibles beneficios excesivos que puedan traducirse en ausencia de castigo para los responsables de delitos graves.
El proyecto, que fue aprobado por mayoría en el Consejo Superior de Política Criminal, representa una combinación entre las experiencias previas de Justicia y Paz y la jurisdicción especial producto de los acuerdos de La Habana. Según Montealegre, se trata de una mezcla entre justicia retributiva y restaurativa.
El ministro detalló que actualmente existen negociaciones con ocho grupos al margen de la ley: tres de insurgencia y cinco organizaciones de crimen organizado que no poseen estatus político ni cometen delitos políticos. Un centro de pensamiento calcula que aproximadamente 30.000 personas armadas pertenecen a estas organizaciones.
Antes de esta presentación oficial, el MinJusticia tuvo que desmentir versiones no oficiales del proyecto que circularon en redes sociales y medios, lo que evidencia el escrutinio público y las expectativas que rodean esta propuesta gubernamental.
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