La propuesta ofrece reducción del 70% de penas para manifestantes y beneficios para criminales, mientras enfrenta críticas por supuesta impunidad.
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El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicó este domingo 20 de julio el proyecto de paz total ante el Congreso de la República, en medio de una fuerte controversia después de que la Corte Suprema de Justicia emitiera voto desfavorable a la propuesta.
La radicación se produce dos días después de que la Sala Penal de la Corte Suprema manifestara que a las medidas contempladas en el proyecto “les falta discusión y deliberación”.
La magistrada Myriam Ávila Roldán encontró que “no se advierte una justificación debidamente sustentada de los desafíos operacionales y el impacto fiscal de la propuesta”.
El proyecto contempla una reducción del 70% de las penas para jóvenes procesados en el marco de la protesta social. Para las estructuras criminales que decidan someterse a la justicia, ofrece rebajas del 40% al 60% de las penas, con penas alternativas entre 5 y 8 años de privación de la libertad.
Según Montealegre, el proyecto tiene tres destinatarios: personas dentro del derecho internacional humanitario como el ELN y disidencias de las FARC; organizaciones de crimen organizado que negocian paz urbana; y ciudadanos procesados por participar en la protesta social.
La propuesta ha generado una ola de críticas desde sectores de la oposición, mientras que analistas han expresado preocupación por propuestas que contemplarían que autores de delitos de lesa humanidad paguen un máximo de ocho años de cárcel.
Montealegre defendió el proyecto asegurando que “aquí no estamos construyendo una alambrada de impunidad” y que representa una “tercera vía” entre las experiencias de Justicia y Paz y la JEP. El ministro enfatizó que nadie se quedará sin pagar una pena mínima en prisión.
El proyecto busca brindar oportunidades a actores del conflicto que fueron excluidos de procesos anteriores de paz, con las víctimas como actores centrales. No creará una nueva jurisdicción, sino que se centrará en los mecanismos de la Fiscalía General de la Nación.
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