Jaramillo califica como «ataque machista» señalamientos contra Beatriz Gómez por presunto caso de presiones.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió públicamente a su esposa Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada para prestadores de servicios, tras las acusaciones sobre presuntas presiones ejercidas para la firma de un contrato de 55.000 millones de pesos destinado a un buque hospital en el Amazonas.
A través de su cuenta de X, Jaramillo calificó los señalamientos como un “ataque machista” y afirmó que “pretenden reducir a mi esposa a una figura secundaria”. El ministro sostuvo que estas acusaciones “no solo buscan deslegitimarla como profesional sino que refuerzan una cultura en la que el mérito de una mujer es cuestionado solo por ser pareja de un hombre que ostenta un cargo de poder”.
Las acusaciones provienen de una investigación publicada por el periodista Daniel Coronell en la Revista Cambio, donde se presenta un audio en el que presuntamente Gómez Consuegra exige a funcionarios del Hospital San Rafael de Leticia: “Ustedes firman hoy (…) o mañana me presentan la renuncia”, refiriéndose al contrato del buque hospital.
Jaramillo aclaró en su defensa que cuando él fue designado como ministro, su esposa ya ocupaba el cargo de superintendente encargada, y que antes de aceptar su nombramiento consultó a Función Pública sobre posibles inhabilidades, entidad que determinó que no existían impedimentos legales.
Por su parte, Gómez Consuegra negó ante el medio haber realizado la llamada intimidatoria y afirmó que el proyecto corresponde al Ministerio, no a la Superintendencia. Al ser confrontada con el audio, manifestó no reconocer su voz, aunque Coronell asegura que coincide plenamente con la de la funcionaria.
Según la investigación, Lina Baracaldo, agente interventora del Hospital San Rafael de Leticia, fue removida de su cargo cuatro días después de la presunta llamada. Su reemplazo, Dennis Amparo Vásquez, tendría vínculos con círculos políticos del Tolima, departamento natal del ministro.
El ministro Jaramillo no se refirió en su respuesta a las implicaciones jurídicas de las grabaciones publicadas ni a las preocupaciones sobre posibles conflictos de interés en el sistema de salud.
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