Montealegre afirma que el Gobierno “impulsará una Constituyente de iniciativa popular”

Montealegre aseguró que la convocatoria responde a un contexto de “bloqueo institucional”.
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Este jueves, el ministro de Justicia delegado, Eduardo Montealegre, afirmó que el Gobierno Nacional respalda la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente de origen popular, como alternativa frente al actual panorama político y legislativo del país.

Las declaraciones del funcionario se produjeron un día después de la alocución televisada del presidente Gustavo Petro, quien también habló de esta posibilidad desde la ciudad de Cali.

Montealegre aseguró que la convocatoria responde a un contexto de “bloqueo institucional” que, en su concepto, limita la capacidad del Estado para implementar reformas de fondo.

“Colombia necesita una Asamblea Constituyente. Las condiciones del país cambiaron totalmente y yo creo que en este momento hay que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente de iniciativa popular”, afirmó en entrevista con medios de comunicación.

El exmagistrado de la Corte Constitucional explicó que una eventual Constituyente podría convocarse mediante un mecanismo de participación ciudadana, con el respaldo de al menos ocho millones de firmas, equivalentes al 20 % del censo electoral.

“Hay una norma que establece que cuando hay un 20% de firmas frente al censo electoral, ese proyecto de ley es vinculante para el Congreso de la República, es decir, este no podría negarse a convocar la Constituyente”, señaló.

Montealegre, quien asumió recientemente funciones como ministro delegado en el Ministerio de Justicia, afirmó que la actual Constitución, promulgada en 1991, ya no responde adecuadamente a los desafíos del país.

Después de 30 años de experiencia ya nos ha demostrado que hay instituciones en la Constitución del 91 que se están convirtiendo en un obstáculo para el cambio social y que necesitan un rediseño profundo”, agregó.

En ese sentido, sostuvo que el propósito de la eventual Constituyente sería actualizar el marco jurídico para abordar los problemas estructurales del siglo XXI.

“La Constitución del 91, que yo defiendo y he ayudado a proteger, ya no tiene una capacidad de resolver los problemas del siglo XXI. Hay que cambiarla”, enfatizó.

  


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