El hijo del presidente enfrenta acusaciones tras detectarse un aumento patrimonial de 1.200 millones de pesos sin justificación durante 2022
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La Procuraduría General de la Nación se prepara para formular cargos disciplinarios contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por un presunto incremento injustificado de su patrimonio cercano a los 1.200 millones de pesos durante 2022. El proceso investigativo, que inició el 2 de marzo de 2023, recopila pruebas testimoniales, documentales y periciales que evidencian inconsistencias entre los ingresos declarados del diputado del Atlántico y el crecimiento de su patrimonio.
El expediente muestra que Petro Burgos justificó ingresos netos por 219.925.000 pesos en el periodo analizado, mientras su patrimonio aumentó en 1.189.732.000 pesos y reportó gastos superiores a los 1.400 millones de pesos, sin tener otra actividad económica registrada. Entre las pruebas clave figura el testimonio de Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, quien reveló detalles sobre la compra de un inmueble en Villa Campestre, Barranquilla.
“Alcanzamos a entregar el 60 por ciento del valor de la casa. Entregamos 793 millones de pesos”, declaró Vásquez sobre una propiedad valorada en 1.650 millones de pesos. La investigación documenta que la pareja tomó en arriendo el inmueble y posteriormente intentó adquirirlo a través de un tercero, entregando una cuota inicial de 675.250.000 pesos.
La Procuraduría investiga transferencias de dinero provenientes de fuentes irregulares, incluyendo al exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, contratistas de los Llanos y Gabriel Hilsaca, hijo del empresario Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca. Este último declaró que entregó 400 millones de pesos destinados a la campaña presidencial, pero el dinero terminó en manos de Nicolás Petro.
Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol y exgerente de campaña presidencial, confirmó en declaración juramentada ante el Consejo Nacional Electoral que “la plata que recogió terminó en sus bolsillos”, refiriéndose a Nicolás Petro, quien no realizó aportes a la campaña de su padre.
Los peritajes digitales obtenidos del teléfono de Vásquez, incluyendo conversaciones por WhatsApp con Petro Burgos, fortalecen la investigación. Daysuris Vásquez identificó a Máximo Noriega, exaspirante a la gobernación del Atlántico, como intermediario clave: “Todo se hizo a través de Máximo. La plata que entregaban se la entregaban a Máximo”.
El abogado defensor Alejandro Carranza cuestionó los hallazgos: “Nicolás tiene pasivos, no activos, así que el incremento está mal calculado. No se puede hablar de incremento patrimonial, sino de decremento”. Reconoció que los 400 millones aportados por Hilsaca no ingresaron a la campaña presidencial.
La Procuraduría advierte sobre posibles maniobras para ocultar el origen del dinero, como usar terceros para figurar como propietarios del inmueble, lo que podría constituir lavado de activos o enriquecimiento ilícito. Aunque la etapa penal cerró el 7 de junio de 2024, el proceso disciplinario continúa activo.
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