Reynaldo Martínez aseguró que la información está disponible en SECOP y que el proceso se encuentra aún en fase de borrador.
El secretario de Tránsito departamental de Córdoba, Reynaldo Martínez, defendió la transparencia del proceso para implementar fotomultas mediante una sociedad de economía mixta, que la misma Asamblea de Córdoba facultó crear.
Ante las críticas del diputado Gabriel Calle sobre la falta de socialización del proyecto y los $900.000 millones de pesos que se recaudarían en 20 años, Martínez mostró su sorpresa por los cuestionamientos a la transparencia del proceso.
“No podemos dejar que de parte de la gobernación exista un manto de duda en relación con la transparencia del proceso que estamos adelantando”, afirmó el funcionario.
El secretario insistió en que toda la información sobre las fotomultas está disponible en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). “El tema de las fotomultas está publicado en el SECOP de la gobernación y así como usted lo pudo ver, lo puede hacer cualquier persona. Eso no es oculto en ningún momento”, señaló durante su intervención.
Respecto al estado actual del proceso licitatorio, el funcionario precisó que todavía no se ha dado apertura formalmente. “Estamos en borrador y existen unas observaciones a la garantía que tenemos que responder como administración”, explicó, añadiendo que cuando se abra el proceso podrían realizarse modificaciones.
En cuanto a las cifras mencionadas por el diputado Calle sobre el recaudo proyectado que iría al socio privado (55% a 60%) versus lo que quedaría para la gobernación (40%), el asesor jurídico de la Secretaría, Pedro Díaz, fue quien complementó la defensa del proyecto.
Diaz argumentó que la ley 1843 de 2017 limita al 10% el porcentaje máximo que puede recibir un operador privado por concepto de fotomultas, contradiciendo así las cifras presentadas en el estudio previo, según los cuestionamientos de la oposición.
El proceso para constituir la sociedad de economía mixta debe completarse antes del 31 de mayo de 2025, fecha límite establecida por la ordenanza que facultó al gobernador para este propósito.
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