Sectores políticos advierten que la medida rompería el orden constitucional del país.
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La advertencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, de convocar una consulta popular por decreto presidencial desató el rechazo unánime de la oposición política, que califica la medida como un atentado contra la institucionalidad democrática y el orden constitucional colombiano.
La senadora Berenice Bedoya, de la Alianza Social Independiente, lideró las críticas al advertir que “la expedición de un eventual decreto convocando una consulta popular por parte del Gobierno Nacional no sería otra cosa que un golpe blando a la institucionalidad del país”.
Bedoya acusó al presidente Gustavo Petro de pretender “imponer su terca voluntad fracturando toda la estructura en la cual se sostiene nuestro Estado Social de Derecho”.
El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, prometió acciones legales contundentes contra cualquier intento gubernamental de saltarse la autoridad del Senado.
“Como siempre, Gustavo Petro quiere actuar por fuera de la ley y ahora, con una teoría chambona, pretende saltarse la autoridad del Senado”, declaró Uribe, quien anunció que demandará el decreto y denunciará a quienes participen en lo que calificó como un “despropósito”.
Las críticas se intensificaron con la intervención del concejal uribista de Bogotá, Daniel Briceño, quien fue categórico al aseverar que “si Petro y Benedetti convocan la consulta popular desconociendo al Senado de la República romperán el orden institucional y constitucional, cometerán delitos y se burlarán del país”.
Los sectores de oposición coinciden en que la estrategia del Gobierno Nacional representa una grave amenaza para la separación de poderes y el equilibrio institucional. Las declaraciones circularon masivamente en redes sociales, donde diversos políticos expresaron su preocupación por lo que consideran una deriva autoritaria del ejecutivo.
La controversia surge después de que Benedetti argumentara que el Senado no se pronunció formalmente sobre la consulta popular, estableciendo como ultimátum el 1 de junio para que la corporación tome una decisión.
Los críticos del Gobierno ven en esta postura un intento de forzar mecanismos constitucionales para lograr objetivos políticos sin el debido proceso legislativo.
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